TEGUCIGALPA. Con el objetivo de articular esfuerzos interinstitucionales para garantizar la protección de las garantías fundamentales de la población penitenciaria, este día se llevó a cabo la reunión mensual correspondiente a julio de la Mesa Técnica de Desinternamiento para Personas Privadas de Libertad.
La jornada de trabajo se centró en coordinar, evaluar y dar seguimiento expedito a los expedientes de personas privadas de libertad que cumplen con los requisitos legales para optar a beneficios de libertad condicional, así como en robustecer los programas de atención integral y reinserción social.
Enfoque humanitario y descongestión de centros clave
Uno de los puntos prioritarios de la agenda fue el análisis de acciones urgentes para abordar la saturación en el sistema asistencial y penitenciario, con especial énfasis en contribuir al descongestionamiento del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, buscando alternativas legales y humanitarias para pacientes en situación de vulnerabilidad jurídica y de salud mental.
Durante la sesión, los delgados interinstitucionales revisaron los avances del sector justicia en materia de revisión de penas y monitoreo del debido proceso dentro de los centros penales.
Representación institucional de alto nivel
La mesa interinstitucional contó con la participación activa de autoridades del sistema de justicia, seguridad y organismos de derechos humanos:
Poder Judicial: Representado por la Magistrada Julissa Aguilar, directora de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”, y la abogada Fanny Salinas, directora de la Defensa Pública.
Instituto Nacional Penitenciario (INP): Encabezado por el general Walter Iván Amador.
Organismos de Derechos Humanos y Cooperación: Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CONAPREV).
Otras entidades: Delegados del Ministerio Público, del Poder Legislativo y autoridades médicas del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.
Ejes de acción acordados
Las instituciones participantes coincidieron en la urgencia de agilizar los trámites técnicos y jurídicos bajo tres líneas estratégicas:
Revisión expedita de beneficios: Agilizar las evaluaciones para otorgar la libertad condicional a quienes califiquen legalmente.
Protección a la salud mental: Priorizar medidas sustitutivas para privados de libertad con padecimientos psiquiátricos, reduciendo la carga sobre el Hospital Santa Rosita.
Reinserción social con enfoque de DDHH: Fortalecer el acompañamiento posterior al egreso para garantizar una efectiva reincorporación comunitaria.
Con estos acuerdos, el Estado de Honduras y las organizaciones internacionales de derechos humanos reafirman el compromiso de humanizar el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento bajo estándares de estricto apego a la ley.