Los diputados rojiblancos reiteran su disposición para buscar soluciones estructurales a la crisis eléctrica, pero condicionan su apoyo a que la empresa estatal se mantenga bajo el control y propiedad del pueblo hondureño.
Por: Redacción Política Última actualización: 16 de junio de 2026 - 8:00 AM
La bancada del Partido Liberal de Honduras (PLH) ha salido al paso del debate energético nacional para fijar una postura unificada y categórica frente a la discusión de la nueva Ley de Energía en el Congreso Nacional. A través de un pronunciamiento oficial, los parlamentarios liberales condicionaron su participación en el debate a la apertura de un diálogo constructivo que incluya a todos los sectores vivos del país, marcando a su vez una línea roja innegociable: el estatus público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los legisladores enfatizaron que la situación del subsector eléctrico requiere madurez política y técnica, alejando la discusión de sesgos ideológicos para enfocarse en resolver los problemas de pérdidas técnicas y no técnicas que arrastra la estatal.
Las tres condiciones del liberalismo para el debate
Para la bancada rojiblanca, la aprobación de una legislación de tal magnitud no puede realizarse de forma apresurada ni a espaldas de la ciudadanía. Su propuesta se fundamenta en tres ejes rectores:
Socialización Integral: Solicitar de manera formal que el proyecto de ley sea discutido y analizado en mesas de trabajo amplias, responsables y transparentes, donde tengan voz el sector privado, la academia, los trabajadores de la estatal y expertos en energía.
Propiedad Pública Intocable: Dejar establecido de forma taxativa desde el inicio de las negociaciones que la ENEE debe seguir siendo, sin excepciones, patrimonio exclusivo de los hondureños, cerrando la puerta a cualquier intento de privatización encubierta o desmantelamiento de sus activos estratégicos.
Soluciones Estructurales: Aportar iniciativas técnicas reales orientadas a sanear las finanzas de la empresa, optimizar la matriz de generación, revisar contratos lesivos y mejorar la distribución del servicio sin castigar el bolsillo de la población.