El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, oficializó el desarrollo del “modelo catracho”, priorizando la investigación científica y la prevención comunitaria frente a las medidas de excepción aplicadas en El Salvador.
TEGUCIGALPA – En una definición clave sobre el rumbo de las políticas de orden público en el país, el Gobierno de la República descartó de manera categórica que pretenda copiar o implantar de forma literal el esquema de seguridad ciudadana implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. En su lugar, las autoridades confirmaron el despliegue y consolidación de una estrategia nacional de corte técnico y adaptada a las realidades locales.
El anuncio fue formulado por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien afirmó que Honduras desarrolla e implementa con éxito un “modelo catracho” en materia de seguridad pública. Con esta postura, el titular de la Secretaría de Seguridad fija la posición oficial del Poder Ejecutivo frente a las constantes corrientes de opinión y propuestas legislativas que sugieren la adopción automática de regímenes de excepción prolongados y capturas masivas en el territorio hondureño.
Los pilares del “modelo catracho” de seguridad
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el funcionario, la doctrina de seguridad implementada por la actual administración no busca emular recetas extranjeras, sino robustecer las capacidades de las instituciones del Estado bajo un enfoque que combine el control territorial con el estricto respeto a las garantías constitucionales.
El diseño estratégico del modelo propio se fundamenta en tres ejes operativos definidos de manera científica:
Fortalecimiento de la investigación criminal: Elevar el presupuesto y las herramientas tecnológicas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para desarticular las redes financieras y logísticas de las maras y pandillas mediante pruebas científicas utilizables en los tribunales.
Prevención comunitaria y enfoque social: Intervenir los barrios y colonias vulnerables no solo con presencia policial disuasiva, sino con programas de desarrollo humano, recuperación de espacios públicos y oportunidades de empleo para arrebatar la base de reclutamiento juvenil a las estructuras delictivas.
Policía comunitaria integrada: Consolidar el binomio entre los agentes del orden y los líderes patronales locales para generar canales de denuncia ciudadana confiables, reduciendo la incidencia de delitos de alto impacto como la extorsión y el microtráfico de drogas.
Certidumbre internacional y estabilidad institucional
La decisión de mantener un modelo propio y fundamentado en la institucionalidad ordinaria de la República es seguida de cerca por los sectores productivos y la cooperación internacional. Diversos analistas en materia de derecho penal coinciden en que la preservación de las vías legales ordinarias frente a los regímenes extraordinarios de excepción es vital para el fortalecimiento democrático.
Para el sector empresarial, las firmas de inversión y las agencias multilaterales, la consolidación de una estrategia de seguridad predecible y apegada a la constitución robustece de manera significativa la seguridad jurídica del país. Proyectar que Honduras combate la criminalidad organizada mediante el debido proceso y la rigurosidad científica eleva la confianza de los mercados internacionales, garantizando un clima de negocios propicio para la inversión extranjera directa y el desarrollo sostenible en este mayo de 2026.
"Respetamos las decisiones soberanas de cada país vecino, pero Honduras tiene su propia idiosincrasia y sus propias leyes. El 'modelo catracho' que lideramos por instrucción presidencial no es una copia de nadie; es una estrategia integral, científica y comunitaria que busca dar paz a las familias hondureñas desarticulando las bandas criminales, pero blindando los derechos humanos y el debido proceso", puntualizó el ministro Velásquez al defender la autonomía de la política criminal del Estado.
Coordinación con operadores de justicia
La Secretaría de Seguridad informó que continuará articulando esfuerzos semanales con el Ministerio Público y el Poder Judicial para agilizar los procesos de judicialización de las capturas ejecutadas en el marco de este modelo nacional. Asimismo, se anunció que las mesas técnicas de seguridad se mantendrán abiertas a la sociedad civil y a la empresa privada para auditar los avances y resultados de la estrategia propia de pacificación.