La abogada Alicia Puerto coordinará el análisis jurídico y técnico de la documentación remitida por el Poder Legislativo para determinar la viabilidad de las investigaciones penales correspondientes.
TEGUCIGALPA – En un paso de alta trascendencia para el ordenamiento institucional y el principio de legalidad del país, la Directora General de Fiscalías del Ministerio Público, la abogada Alicia Puerto, recibió de manera oficial los expedientes detallados relativos a las solicitudes de juicio político que han sido tramitadas y discutidas en el seno del Congreso Nacional de la República.
La entrega y recepción de esta documentación formaliza el canal de comunicación e investigación interinstitucional entre el Poder Legislativo y el brazo acusador del Estado. A partir de este momento, los expedientes pasan a un riguroso proceso de control, custodia y análisis técnico por parte de los equipos de fiscales especializados.
Análisis técnico y blindaje legal de los expedientes
La recepción de estos documentos por parte de la abogada Alicia Puerto activa los protocolos de revisión penal del Ministerio Público. El objetivo central de la Dirección General de Fiscalías es evaluar minuciosamente si las conductas presentadas en las solicitudes de juicio político configuran la comisión de delitos tipificados en el Código Penal vigente.
Las líneas de trabajo inmediato fijadas sobre esta documentación contemplan:
Asignación a fiscalías especiales: Distribución de los folios a las fiscalías correspondientes (como Combate a la Corrupción Pública o Ética Profesional) según la naturaleza de los hechos denunciados.
Evaluación de elementos probatorios: Verificación de los indicios y sustentos documentales remitidos por el Congreso Nacional para certificar su validez en sede judicial.
Determinación de méritos penales: Diferenciar de manera estrictamente científica las responsabilidades administrativas o políticas de aquellas que ameriten el ejercicio de la acción penal pública mediante un requerimiento fiscal.
Respeto al debido proceso y seguridad jurídica
Este procedimiento se ejecuta bajo una estricta lógica de independencia institucional y apego a las leyes de la República. Para la administración pública y los diferentes sectores de la sociedad, el manejo transparente, despolitizado y puramente técnico de los expedientes de juicio político es un requisito indispensable para preservar la paz social.
La intervención de la Dirección General de Fiscalías dota al proceso de la seguridad jurídica necesaria para garantizar tanto el derecho a la defensa de los funcionarios señalados como la tutela judicial efectiva para el Estado, enviando un mensaje de predictibilidad e institucionalidad fuerte de cara al cierre de este mayo de 2026.
"La Dirección General de Fiscalías actuará con la objetividad y el rigor científico que la ley nos impone. Cada expediente recibido será analizado minuciosamente bajo la lupa del derecho penal, garantizando al pueblo hondureño que las resoluciones del Ministerio Público estarán basadas exclusivamente en pruebas legales y en el debido proceso", destacaron fuentes de la alta dirección del Ministerio Público tras concretarse el traspaso de los folios.
Se espera que tras las primeras jornadas de vaciado de información y análisis de los equipos de asesoría jurídica de la abogada Puerto, la Dirección General de Fiscalías emita los primeros informes metodológicos sobre el curso que tomarán las investigaciones en el ámbito judicial ordinario.