La nueva herramienta legal busca derribar las barreras idiomáticas, geográficas y culturales que enfrentan las mujeres de los pueblos originarios al momento de denunciar agresiones y buscar protección estatal.
TEGUCIGALPA – En un paso trascendental hacia la inclusión y la equidad en el sistema de justicia del país, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público socializó un innovador protocolo especializado para la investigación de delitos de violencia contra las mujeres indígenas y afrodescendientes en Honduras.
La jornada de socialización, que reunió a operadores de justicia, líderes comunitarios de diversos pueblos originarios y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, tiene como objetivo dotar a los fiscales e investigadores de una guía metodológica que incorpore la perspectiva de género y la pertinencia cultural en cada etapa del proceso penal.
Derribando barreras en el acceso a la justicia
Las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas (como los Lencas, Misquitos, Chortís, Tolupanes, entre otros) y de las comunidades afrodescendientes (Garífunas y negros de habla inglesa) enfrentan históricamente una doble vulnerabilidad debido a la discriminación estructural y el aislamiento geográfico.
Para corregir estas asimetrías, el nuevo protocolo establece directrices obligatorias para los funcionarios judiciales, entre las que destacan:
Pertinencia lingüística: Garantizar el acceso a traductores e intérpretes debidamente capacitados desde el momento en que se interpone la denuncia.
Respeto al derecho propio: Articular la justicia ordinaria del Estado con los sistemas de resolución de conflictos de las propias comunidades, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos fundamentales de las víctimas.
Enfoque diferenciado: Comprender las dinámicas socioculturales y los contextos de tenencia de la tierra que muchas veces rodean las agresiones contra las mujeres en los territorios ancestrales.
Fortalecimiento institucional y social
Esta iniciativa forma parte de las políticas de modernización y sensibilización que impulsa el Ministerio Público bajo las directrices generales del gobierno del presidente Nasry Asfura. La lógica de las autoridades radica en que el desarrollo sostenible del país es inviable si se excluye a las poblaciones históricamente postergadas.
Garantizar investigaciones oportunas y científicas frente a los delitos que afectan a las mujeres rurales y de las etnias es un requisito indispensable para robustecer la seguridad jurídica interna y cumplir con los convenios internacionales suscritos por Honduras en materia de derechos humanos.
"Este protocolo no es solo un documento técnico; es una herramienta de emancipación y dignidad. Investigar la violencia contra una mujer indígena requiere comprender su cosmovisión, su entorno y las barreras geográficas que tuvo que superar para llegar a una fiscalía. Hoy avanzamos hacia una justicia que realmente habla el idioma del pueblo", destacaron portavoces del Ministerio Público durante la presentación.