El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras señala que la pérdida de dinamismo en los flujos de dinero impactará de forma directa el consumo básico, la salud y la educación en miles de hogares vulnerables.
TEGUCIGALPA – En una evaluación técnica que enciende las alertas sobre el comportamiento del consumo interno y la estabilidad social en el país, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras y Desarrollo Regional (FOSDEH) emitió un análisis de coyuntura sobre el flujo de capitales provenientes del exterior. El organismo de sociedad civil advirtió que el crecimiento de las remesas familiares ha comenzado a experimentar una marcada desaceleración, un fenómeno que exige una lectura analítica profunda más allá de los fríos balances macroeconómicos del Banco Central de Honduras (BCH).
De acuerdo con los investigadores de la institución, este cambio de tendencia a la baja ocurre de forma posterior a un año 2025 que califican de "atípico". Durante el ciclo anterior, las tensiones políticas, las reformas y las drásticas decisiones en materia migratoria adoptadas en los Estados Unidos provocaron un efecto de pánico y previsión entre la diáspora hondureña, impulsando el envío masivo de "remesas precautorias" ante el temor de masivas deportaciones o congelamiento de cuentas bancarias.
El impacto real: Sostén del consumo familiar frente a las cifras
El FOSDEH enfatiza que las remesas representan aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, pero su verdadera dimensión no reside en los gráficos financieros, sino en el tejido social de las comunidades rurales y urbanas marginales del territorio hondureño.
El análisis de la institución destaca que una contracción o aplanamiento en el ritmo de crecimiento de estos recursos golpea directamente el corazón de la microeconomía familiar en tres ejes de subsistencia:
Alimentación y necesidades básicas: Más del 80% de los fondos recibidos por los hogares se destinan de manera inmediata a la compra de la canasta básica de alimentos y el pago de servicios públicos, por lo que una reducción merma la seguridad alimentaria.
Sostenibilidad en salud y educación: El dinero de los migrantes financia la matrícula, útiles escolares y uniformes de niños en el sistema educativo, además de cubrir la compra de medicamentos en el sector privado ante las carencias del sistema sanitario público.
Ausencia de inversión productiva: Al utilizarse casi en su totalidad para el gasto corriente y de consumo de supervivencia, las remesas no logran convertirse en capital semilla para la creación de microempresas o ahorro interno a largo plazo.
Dependencia estructural y el reto de la seguridad jurídica
La desaceleración de este motor financiero pone al descubierto la fragilidad de la estructura económica del Estado, la cual sigue siendo incapaz de generar empleos dignos y masivos para retener a su fuerza laboral. Los analistas del FOSDEH apuntan que depender de la resiliencia y el sacrificio de los compatriotas en el extranjero para mantener a flote la balanza de pagos es una estrategia insostenible en el mediano plazo.
Para las cámaras de comercio, el sector bancario y los formuladores de políticas públicas, este nuevo escenario internacional obliga a acelerar reformas estructurales orientadas a robustecer la seguridad jurídica interna y el clima de negocios. Crear reglas claras, predecibles y atractivas para la inversión extranjera directa y el capital nacional es el único camino viable para transicionar de una economía dependiente de la ayuda familiar hacia un modelo de desarrollo productivo autónomo en este cierre de mayo de 2026.
“Desde el FOSDEH advertimos que este fenómeno no debe analizarse únicamente como una cifra macroeconómica. Detrás de cada envío hay familias que dependen de estos recursos para sostener alimentación, educación, salud y necesidades básicas. Las remesas son más que ingresos: son el reflejo del esfuerzo de una comunidad migrante que sigue sosteniendo parte importante de la vida económica y social del país, y su desaceleración nos obliga a buscar soluciones urgentes de empleo interno”, alertaron los directivos de la organización al socializar el informe.
El organismo concluyó recomendando al Gobierno de la República el diseño de un plan de contingencia económica que incluya incentivos fiscales para el retorno productivo de capitales, así como el fortalecimiento de la red de protección social y programas de emprendimiento en los municipios que registran los mayores índices de expulsión migratoria hacia Norteamérica.