El Delegado Adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ricardo López, analizó los avances y retos legislativos en el evento organizado por ASONOG en la capital.
TEGUCIGALPA – En el marco de un profundo análisis sobre las políticas de inclusión social y la vigencia de las garantías individuales en el país, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ratificó su compromiso institucional con los sectores vulnerables. El Delegado Adjunto del órgano constitucional, Abogado Ricardo López, participó activamente como panelista de honor en el Foro Nacional titulado “Avances en Materia de Discapacidad e Inclusión a 20 años de Ratificación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad”.
El encuentro de alto nivel, organizado de forma estratégica por la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), congregó a líderes comunitarios, representantes de la sociedad civil organizada, expertos en derecho internacional y autoridades de la administración pública encargadas de la rectoría de las políticas de asistencia social.
Dos décadas de compromisos internacionales: El balance técnico
Durante su comparecencia en la mesa técnica, el Abogado Ricardo López expuso el balance de las dos décadas transcurridas desde que el Estado de Honduras ratificó este tratado internacional vinculante, señalando que, si bien existen progresos en el andamiaje legal, la brecha de aplicación real en el terreno sigue siendo el principal obstáculo.
El debate y las ponencias del foro nacional se articularon bajo tres ejes de evaluación crítica:
Armonización legislativa: Evaluar el nivel de concordancia entre la normativa interna del país —incluyendo la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad— con los estándares fijados por la Convención de las Naciones Unidas.
Accesibilidad universal e infraestructura: Analizar la persistente deuda social en materia de adecuación de espacios urbanos, transporte público, portales institucionales de información y centros escolares que limitan el libre tránsito de las personas con retos de movilidad o sensoriales.
Inclusión laboral y cuotas de contratación: Fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes que obligan tanto al sector público como a la empresa privada a reservar un porcentaje de sus planillas laborales para la contratación digna de personas con discapacidad.
Derechos fundamentales, gobernanza y el valor de la seguridad jurídica
La participación del CONADEH en estos espacios de auditoría social es calificada por los organismos internacionales como una garantía indispensable para la protección del Estado de derecho. Los analistas en derecho administrativo señalan que asegurar que los compromisos internacionales se trasladen a decretos ejecutivos y presupuestos específicos es un requisito sine qua non para el fortalecimiento institucional.
Para los colectivos de personas con discapacidad, las agencias de cooperación y las fundaciones filantrópicas que operan en Honduras, la existencia de una defensoría del pueblo enérgica y predecible robustece la seguridad jurídica de las minorías. Proyectar un país que respeta los tratados internacionales, que audita el cumplimiento de las cuotas de empleo y que sanciona la discriminación institucional eleva la certidumbre social y la calidad de la gobernanza de la República en este cierre de mayo de 2026.
“Al cumplir 20 años de haber ratificado esta importante Convención, desde el CONADEH recordamos que la inclusión no es un acto de caridad, sino una obligación constitucional y legal del Estado. No basta con firmar tratados; requerimos presupuestos reales, transporte accesible y oportunidades de empleo digno. Seguiremos vigilantes y emitiendo las recomendaciones necesarias para que ninguna persona con discapacidad sufra la exclusión o el olvido institucional”, aseveró firmemente el Delegado Adjunto Ricardo López al cierre del panel de discusión.
ASONOG y las organizaciones que integran el sector de la discapacidad agradecieron la apertura técnica del CONADEH, acordando la redacción de un documento base de reformas legislativas que será entregado próximamente a las comisiones respectivas del Congreso Nacional para actualizar las sanciones civiles aplicables a los establecimientos que vulneren los derechos de accesibilidad universal.