El Poder Judicial de Honduras (PJdeHonduras) ha emitido una advertencia oficial sobre un proyecto de reforma al Artículo 3 del Decreto 282-2010, actualmente en discusión en el Congreso Nacional. Esta iniciativa busca transferir facultades administrativas de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Pleno de 15 magistrados, lo que genera preocupaciones significativas.
Riesgos Identificados
El PJ destaca riesgos jurídicos por ambigüedad en competencias y responsabilidades al "devolver" facultades al Pleno, lo que podría violar la independencia judicial establecida en el Artículo 4 de la Constitución. Operativamente, decisiones colegiadas con mayorías requeridas crearían cuellos de botella en personal y disciplina, retrasando funciones clave. Institucionalmente, concentrar revisiones en el Pleno comprometería la imparcialidad y garantías de impugnación.
Contexto de la Reforma
El Decreto 282-2010 fue una medida provisional tras la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura (Decreto 219-2011), pero se volvió permanente, concentrando poder en la Presidencia (actualmente Rebeca Obando). El Congreso aprobó el proyecto en primer debate el 12 de febrero de 2026, argumentando que restaura la colegialidad.
Llamado del PJ
El Poder Judicial respeta la potestad legislativa, pero urge suspender la aprobación final y crear una Mesa Técnica Interinstitucional con el Congreso, expertos en derecho constitucional y el propio PJ para una revisión integral. Esto busca una "solución de Estado" que preserve la estabilidad democrática y la justicia eficaz.