Gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay publicaron el 10 de enero de 2026 un pronunciamiento conjunto rechazando el decreto sancionado por Xiomara Castro y aprobado por Luis Redondo, que instruye al CNE a realizar escrutinio especial de las 19.167 JRV, calificándolo de "violencia política" que busca desconocer la declaratoria oficial de Nasry Asfura como presidente electo. Los mandatarios exigen respeto a resultados del 30 de noviembre validados por misiones internacionales y advierten que cualquier acción para obstaculizar la transición pacífica socava la democracia regional.
Detalles del Comunicado y Firmantes
El documento, firmado por cancillerías del Pacífico y Cono Sur, respalda las elecciones libres del 30 de noviembre donde Asfura (PN) obtuvo 1,4 millones de votos según CNE, denunciando el decreto como maniobra para alterar voluntad popular expresada en las urnas. Argumentan violación principios constitucionales hondureños y Carta Democrática Interamericana, alineándose con OEA, FFAA (Gen. Valera) y oposición multipartidista.
Contexto de Rechazo Regional e Internacional
Pronunciamiento escala crisis: Gen. Valera repudió "autogolpe" exigiendo CNE no acatar; PLH deslindó vía comunicado propio; Partido Libre fisuras internas (ausencias Zelaya/Sarmiento). EE.UU. amenaza "graves consecuencias"; sesión Redondo excluyó >70 opositores, usando suplentes para simular quórum.
Divisiones en el Oficialismo Hondureño
Ausencias Hortensia Zelaya (hija Castro-Zelaya), Rafael Sarmiento (jefe bancada Libre), Hugo Noé Pino y Rasel Tomé sugieren rechazo cúpula familiar a ilegalidad manifiesta; diputado Oved López (Libre) disintió públicamente. Salvador Nasralla (PL) impugna vía legal, no legislativa legislativa.
Implicaciones para Transición 27 Enero
Aislamiento diplomático debilita Zelaya-Redondo ante Oficina Asfura, autoconvocatoria >70 diputados y custodia militar material electoral; CCEPL 12 enero en riesgo. Contrasta tensiones Petro-Trump y avances Metro Bogotá; estabilidad regional prioriza alternancia constitucional.