El Ministerio Público de Honduras presentó acusación formal contra 11 agentes policiales por presuntos delitos de torturas, abuso de autoridad y lesiones agravadas, ocurridos en perjuicio de cuatro ciudadanos en Santa Rosa de Copán, según comunicado oficial del 16 de enero de 2026. Los implicados —Duarte López, Lisbin Yamir García, Carlin Otilio Mejía, Priscila Frida, Andrés Yolmer García, Deysi Maribel Torres, Nelson Antonio González, Elvis Samuel Torres, Néstor Antonio González, Royner Salomón Mejía y Florencia Pinto— serán sometidos a audiencia inicial el 19 de febrero de 2026 ante el Juzgado de Letras de lo Penal. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el Ministerio Público Especial de la Mujer lideran la investigación tras denuncias de violencia desmedida.
Detalles de los hechos imputados
Los policías realizaban labores de supervisión de alimentos en un establecimiento local cuando agredieron físicamente a los denunciantes, sometiéndolos a torturas y privación injusta de libertad en una unidad policial. La pesquisa, iniciada el 15 de agosto de 2025, recopiló pruebas como exámenes médicos legales que documentan lesiones, testimonios de víctimas y testigos, y evidencias de irregularidades procesales. Los acusados enfrentan cargos por su rol directo en los golpes, detenciones arbitrarias y abuso de funciones, violando derechos humanos fundamentales.
Contexto de abusos policiales en Honduras
Este caso se suma a la ola de denuncias contra cuerpos de seguridad en el occidente del país, particularmente en Copán, donde operativos antinarcóticos y de control social han derivado en excesos documentados por organismos como la CIDH. Las víctimas, identificadas como Kevin Duarte y otras tres personas, exigen justicia tras la agresión que buscó intimidación y sometimiento, según la acusación. El MP solicita medidas cautelares como impedimento de salida y arraigo para garantizar el proceso.
Implicaciones judiciales y sociales
La audiencia inicial evaluará argumentos de la fiscalía para dictar auto de formal procesamiento, en un contexto de transición gubernamental donde el nuevo Ejecutivo de Nasry Asfura promete depuración policial. Organizaciones de derechos humanos aplauden la acción del MP, pero advierten sobre impunidad sistémica; el caso podría sentar precedente para sanciones ejemplares ante la instalación del Congreso 2026-2030.