Tegucigalpa, 14 de enero de 2026 – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo a favor de Ana Paola Hall García, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y ordenó suspender provisionalmente las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra ella por presuntos delitos electorales.
El fallo, impulsado por el abogado Gustavo Solórzano, protege el fuero constitucional de altos funcionarios electos por el Congreso, requiriendo juicio político previo a acciones penales.
Detalles del fallo
La Sala declaró con lugar la medida cautelar basada en el artículo 59 de la Ley de Justicia Constitucional, ordenando al MP desistir de diligencias que afecten el funcionamiento del CNE y suspender requerimientos fiscales hasta agotar el juicio político según los artículos 234 y 274 de la Constitución. La resolución exige comunicación al MP en 24 horas y se centra en investigaciones iniciadas desde las primarias de 2025, vinculadas a tres denuncias por delitos electorales, abuso de autoridad y prevaricato. Solórzano calificó las indagatorias como "acoso institucional" desde septiembre de 2025, enfatizando que no impide investigaciones futuras pero exige orden constitucional.
Perfiles involucrados
Ana Paola Hall García, abogada con doctorado en derecho penal y representante liberal en el CNE desde 2019, asumió la presidencia rotativa en septiembre de 2025 tras crisis internas; defendió la declaratoria electoral de diciembre pese a sabotajes denunciados en el escrutinio especial. Gustavo Rafael Solórzano Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), interpuso el amparo pese a desautorizaciones internas de directivos afines a Libre. El MP, bajo Johel Zelaya, investiga irregularidades en TREP, biométricos y escrutinio, solicitando documentos al CNE desde enero.
Antecedentes electorales
Las elecciones generales de 2025, con victoria de Tito Asfura, enfrentaron controversias por retrasos en escrutinio especial, actas en cero, intimidaciones en el Centro Logístico Electoral y fallas en TREP, generando denuncias contra consejeros como Hall, Cossette López y Marlon Ochoa. Hall denunció sabotaje por confabulación política, incluyendo dilaciones en juntas partidarias y presiones de otros poderes.
Debates y contrastes
El fallo reaviva tensiones sobre inmunidad de funcionarios electorales, con López denunciando "justicia selectiva": su amparo de octubre de 2025 permanece sin trámite tras dos meses, contrastando con la rápida resolución para Hall. Analistas ven politización judicial en el contexto postelectoral, donde el oficialismo cuestiona resultados mientras se protege la autonomía del CNE. El precedente fortalece garantías constitucionales pero genera críticas por posibles impunidades en delitos electorales