Una jueza federal en San Francisco, Trina Thompson, declaró ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, restaurando sus protecciones contra la deportación. La decisión critica la acción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por ser "predestinada" y no cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), sin evaluar adecuadamente las condiciones en los países afectados.
Antecedentes del Conflicto
El gobierno de Donald Trump, tras su reelección en 2024, anunció en julio de 2025 la terminación del TPS para Honduras (efectiva septiembre 2025), afectando a unos 72,000 hondureños que han vivido décadas en EE.UU. Previamente, en julio, la jueza Thompson emitió una injunction temporal hasta noviembre, citando posible "animosidad racial" en la decisión. Tras audiencias en noviembre de 2025, un fallo final se pospuso al 22 de enero de 2026, pero la resolución reciente revierte la cancelación.
Reacción de la Presidenta Xiomara Castro
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró la decisión en redes sociales: "Celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en EE.UU. Como Presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes". Castro prometió defender su dignidad y derechos hasta el fin de su mandato, abrazándolos con orgullo.
Impacto en la Comunidad Hondureña
El TPS protege a hondureños desde huracanes Mitch (1998) y Mitch/Iota (2020), permitiendo trabajo legal y evitación de deportación. La restauración beneficia a familias integradas en EE.UU., con líderes como Teofilo Martinez del National TPS Alliance destacando la esperanza renovada. Organizaciones como ACLU y UCLA celebran, pero advierten daños previos por la incertidumbre.
Posiciones Oficiales y Futuro
La administración Trump defendió la terminación argumentando condiciones seguras en Honduras para repatriación voluntaria. Honduras, bajo Castro, había solicitado extensiones previas a Noem. Aunque restaurado, apelaciones podrían extender el litigio más allá de enero 2026.