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Tegucigalpa.– Fuentes cercanas al Ministerio Público revelaron que el fiscal general Johel Zelaya firmó durante la noche del jueves 8 de enero de 2026 un requerimiento fiscal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, por presuntas irregularidades en el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. La acción, que podría derivar en órdenes de captura en las próximas horas, se produce a pocos días de la transición presidencial, intensificando la tensión política en Honduras.
La maniobra responde al decreto aprobado por el Congreso Nacional bajo Luis Redondo, que acusa a las funcionarias de no completar el conteo de actas y nombra una comisión para investigarlas. Zelaya, alineado con el oficialismo de Libre, habría solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) medidas cautelares, argumentando delitos como traición a la patria y obstrucción electoral, en un contexto donde el CNE declaró a Nasry "Tito" Asfura ganador presidencial el 24 de diciembre.
Antecedentes de las acusaciones
Zelaya ha mantenido una ofensiva judicial contra el CNE desde octubre 2025, cuando anunció investigaciones por audios que supuestamente implican a López en una "asociación ilícita" con opositores para desestabilizar el proceso electoral. La exfiscal Nilia Ramos criticó estas acciones como politizadas, calificando a Zelaya de "pega afiches" del gobierno.
En diciembre, Zelaya irrumpió en instalaciones del CNE con la ATIC y prometió "acciones judiciales" para "exponer la verdad", paralizando temporalmente el escrutinio especial de actas inconsistentes.
Opositores como Roberto Contreras (Partido Liberal) ya alertaban el 6 de enero sobre "presuntas órdenes de captura", denunciando un ataque coordinado a la institucionalidad electoral.
Reacciones políticas y riesgos institucionales
Oposición: Partido Nacional y Liberales tildan la medida de "golpe judicial" para revertir la voluntad popular, exigiendo intervención de la comunidad internacional y defensa de las Fuerzas Armadas al material electoral.
Manuel Zelaya: El líder de Libre se desmarcó del decreto congresual, pero no comentó directamente el requerimiento fiscal, en medio de fracturas internas.
Sociedad civil: ONGs electorales advierten sobre un "secuestro institucional" pre-inauguración, con Asfura programado para asumir el 27 de enero y Redondo cesando el 21.
El requerimiento podría ejecutarse hoy, según fuentes, colocando al país al borde de una confrontación entre poderes. Analistas ven en esto una estrategia desesperada del oficialismo saliente para cuestionar 128 diputados y 298 alcaldías opositoras, en un momento donde Honduras clama por reconciliación tras meses de denuncias de fraude cruzadas.