Tegucigalpa, Francisco Morazán, 31 de enero de 2026 (Perplexity News). Una fuente cercana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reveló que, en los últimos días del gobierno de Xiomara Castro, la Procuraduría General de la República (PGR) autorizó la ejecución firme de embargos sobre la "Cuenta del Estado" por más de mil millones de lempiras, vía juzgados laborales y la Sala de lo Laboral, impactando directamente las finanzas del nuevo gobierno de Nasry "Tito" Asfura. Esta acción se suma a deudas pendientes que superan los 4.000 millones de lempiras, según cifras divulgadas previamente por la ex presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Rebeca Santos, dejando un panorama de crisis de liquidez heredado a la administración 2026-2030.
Embargos ejecutados en recta final de gestión anterior
La fuente anónima de la CSJ, presidida por Rebeca Raquel Obando, indicó que los embargos se concretaron con aval de la PGR, afectando la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y otras subcuentas públicas en un momento crítico de transición, justo antes de la posesión de Asfura el 27 de enero. Estos procesos laborales, acumulados por sentencias no pagadas, representan un golpe inicial a las arcas estatales, exacerbando la "asfixia financiera" reconocida en el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025 del gobierno saliente, que ya ordenaba vaciar cuentas ociosas para cubrir compromisos básicos.
Rebeca Santos había alertado públicamente sobre esta bomba de tiempo: embargos judiciales por más de 4.000 millones, más rescates a la ENEE (6.700 millones), transferencias municipales atrasadas (2.500 millones) y deudas flotantes totales cercanas a 24.000 millones, el doble del promedio preelectoral. Analistas vinculan estos movimientos finales a una posible "limpieza de cuentas" para evitar mayores bloqueos, pero critican la falta de provisiones presupuestarias durante 2025, priorizando gastos discrecionales sobre obligaciones laborales.
Contexto fiscal heredado y reacciones
El nuevo ministro de Finanzas, Emilio Hernández, enfrenta este escenario con proyecciones optimistas de recaudación: más de 12.000 millones en enero y 7.500 en febrero para la CUT, gracias a eliminación de fideicomisos y disciplina fiscal. Sin embargo, expertos como Liliam Rivera de la ASJ advierten improvisación y riesgos de confianza pública, alineados con la agenda de austeridad de Asfura y el Congreso de Tommy Zambrano.
Oposición y sociedad civil cuestionan la timing de los embargos, viéndolos como herencia tóxica que podría forzar recortes en salud y educación, pese a promesas de medicinas gratuitas y apoyo a alcaldes. La PGR y CSJ no han emitido comentarios oficiales, pero el episodio tensiona la alternabilidad institucional en Honduras.