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A las 12:13 a.m. del viernes 9 de enero de 2026, el Congreso Nacional de Honduras, bajo la presidencia de Luis Redondo, aprobó por unanimidad de votos presentes un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) recontar 4,774 actas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, y nombra una comisión especial para dictaminar sobre el proceso. La sesión extraordinaria, marcada por la ausencia total de la oposición, generó inmediatas denuncias de irregularidades procedimentales y un intento de suplantar competencias constitucionales del CNE.
Detalles del decreto y la sesión
El decreto, impulsado por Redondo y respaldado exclusivamente por la bancada de Libertad y Refundación (Libre), declara que las elecciones “no fueron legítimas” y exige al CNE recontar 306 actas presidenciales, 2,620 de diputados y 1,844 municipales. Si el órgano electoral no acata, el Congreso asumiría directamente el escrutinio voto por voto, invocando el artículo 205, numeral 7 de la Constitución.
Redondo nombró una Comisión Especial de Investigación, a cargo del diputado Ramón Barrios, para presentar un informe final y solicitar acciones penales contra las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cosette López por “no realizar el conteo completo”.
La sesión inició con decenas de curules vacías: diputados del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras fueron excluidos del hemiciclo por seguridad del Congreso, pese a presentarse al edificio legislativo.
Redondo cerró la jornada declarando: “Hoy continuamos haciendo historia desde el Congreso Nacional, que será recordado como el Congreso Nacional del pueblo”, en un acto que opositores catalogaron de golpe legislativo.
Contexto de las elecciones y la crisis postelectoral
Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 fueron ajustadas, con Nasry “Tito” Asfura (Partido Nacional) declarado ganador presidencial por el CNE el 24 de diciembre de 2025, tras un escrutinio especial de 2,773 actas con inconsistencias que involucró observadores internacionales.
Libre y sectores oficialistas denunciaron fraude desde el día de los comicios, alegando actas no contabilizadas y anomalías en el 99.4% escrutado inicialmente.
Redondo había advertido desde diciembre que el Congreso intervendría si el CNE no declaraba resultados “legítimos”, manteniendo una agenda legislativa activa hasta enero 2026.
Reacciones de oposición y sociedad
Oposición: Calificó la aprobación como ilegal y autoritaria, anunciando acciones judiciales ante el Tribunal de Constitucionalidad y sesiones paralelas. “Es un golpe al orden constitucional”, denunció un líder nacionalista.
Sociedad civil y observadores: Organizaciones exigieron respeto al CNE y rechazaron convocatorias que “sembran inestabilidad”. La UE monitoreó el proceso previo y enfatizó la exclusividad electoral del CNE.
Internacional: Bruselas y EE.UU. han instado a respetar la voluntad popular, con misiones de observación que validaron el escrutinio del CNE.
Implicaciones políticas y legales
El decreto instruye resolver todas las impugnaciones pendientes y remitir resultados al Congreso para una “declaratoria final”, un rol constitucionalmente exclusivo del CNE. Expertos advierten que esto podría desencadenar crisis institucional, demandas constitucionales y tensiones pre-inauguración presidencial el 27 de enero de 2026.
Mientras Asfura prepara su transición, la maniobra de Redondo –aliado de la presidenta saliente Xiomara Castro– busca revertir el veredicto electoral, profundizando la polarización en un país con historial de disputas postelectorales. El Ministerio Público ahora deberá evaluar las denuncias contra el CNE, en un panorama de alta tensión política.