La expareja sentimental de Luis Redondo, Alejandra Bustillo, lo emplazó públicamente este 23 de enero vía redes sociales, citándolo a comparecer el 10 de marzo de 2026 a las 8:30 a.m. ante una corte en Virginia, Estados Unidos, por procesos pendientes de manutención y reconocimiento de paternidad de su hija menor. El mensaje, replicado en X e Instagram con documentos judiciales adjuntos, advierte que el caso también avanza en Honduras, donde Redondo recibirá pronto un citatorio formal para reunirse con su representante legal, ironizando que "ahora que ya no es intocable" tras dejar la presidencia del Congreso Nacional el 20 de enero.
Detalles del emplazamiento viral
Bustillo posteó: "Buenas tardes @Lredondo ahora que ya no es intocable, Le informo que tenemos una corte pendiente el 10 de marzo 2026 a las 8:30 am. Proceso que también iniciará en Honduras pronto le llegará un citatorio para que se reúna con mi representante legal", acompañando la notificación con la "Petición de Manutención" (Petition for Support) de tribunales estadounidenses que obliga a Redondo a proveer apoyo económico a la menor. Esta acción resurgió inmediatamente después de su salida del cargo, período durante el cual Bustillo alega dilaciones por influencia política del exdiputado de Libre.
Medios como El Mundo, Proceso HN y Tiempo Digital viralizaron el intercambio, generando miles de interacciones que debaten la inmunidad implícita de altos funcionarios en asuntos familiares privados.
Antecedentes del litigio familiar
El conflicto se arrastra desde hace años: Bustillo demanda en EE.UU. —donde residen partes del caso— el cumplimiento de obligaciones parentales, procesos estancados supuestamente durante los cuatro años de Redondo como presidente del Congreso (2022-2026), marcado por opacidad en 600 millones de lempiras en subvenciones sin rendir cuentas. Tras perder reelección en Cortés pese a su rol clave en el gobierno de Xiomara Castro, Redondo enfrenta ahora responsabilidades civiles sin el escudo legislativo, en un país con altos índices de incumplimiento paternal.
El proceso en Honduras implicará citatorios del Poder Judicial para conciliación o ejecución forzosa, potencialmente bajo la nueva administración de Nasry "Tito" Asfura que inicia funciones el 25 de enero.
Contexto político y reacciones
Redondo, quien lideró protestas postelectorales de Libre exigiendo recuento "voto por voto" —denuncias que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún evalúa—, no ha respondido públicamente al mensaje, que coincide con críticas a su gestión legislativa por parálisis en reformas anticorrupción y deudas como la Ley de Colaboración Eficaz. Opositores celebran el fin de su "intocabilidad", mientras aliados lo minimizan como "ataque personal" en medio de la transición constitucional.
Organizaciones de derechos infantiles respaldan implícitamente el caso, recordando que deberes parentales trascienden estatus político. Este episodio expone vulnerabilidades de exfuncionarios ante demandas privadas, en un Honduras polarizado por elecciones controvertidas y la instalación de una nueva junta directiva provisional el 21 de enero.