Tegucigalpa, Francisco Morazán, 31 de enero de 2026 . A cinco días del fin del mandato de la presidenta Xiomara Castro, el Diario Oficial La Gaceta publicó el 22 de enero el Decreto 48-2025, que crea la Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pese a no contar con los votos requeridos en el Congreso Nacional y contradiciendo admisiones públicas del expresidente legislativo Luis Redondo. La norma, de ocho artículos, otorga personalidad jurídica a la CICIH como querellante autónomo por cinco años para combatir redes de corrupción público-privadas, pero ha desatado una tormenta jurídica al carecer de convenio formal con la ONU y haber sido aprobada solo con 79 votos a favor frente a 48 en contra en junio de 2025.
Publicación controvertida en recta final de gestión
El decreto, impulsado por la diputada Xiomara “La Pichu” Zelaya de Libre, afirma una aprobación en junio de 2025 que Redondo mismo reconoció públicamente como fallida por no alcanzar el quórum mínimo constitucional. Su publicación en La Gaceta, ordenada por Redondo antes de entregar el Congreso al nuevo período 2026-2030 bajo Tommy Zambrano, se interpreta como un acto de cierre político controvertido, trasladando al nuevo Legislativo y al gobierno de Nasry Asfura un instrumento legal cuestionado.
Juristas y exdiputados destacan vacíos: el texto parte de un memorándum de entendimiento con la ONU sin fuerza vinculante, financiándose con fondos nacionales pese a su carácter "internacional", y otorga facultades amplias como requerimientos fiscales que podrían chocar con el Ministerio Público. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) rechazó la norma por no facilitar una CICIH genuina y abrir riesgos de impugnaciones constitucionales.
Detalles de la ley y sus atribuciones
La CICIH se presenta para perseguir saqueo de bienes públicos, pero analistas la ven como figura política simbólica sin respaldo global, similar a la MACCIH (2016-2020), cuya sucesora prometida por Castro no avanzó por desacuerdos con estándares ONU.
Repercusiones institucionales y oposición
El nuevo Congreso, instalado el 21 de enero con mayoría fragmentada (PN 49, PL 41, Libre 35), enfrenta ahora decidir si convalida, modifica o declara nulo el decreto, en medio de tensiones postelectorales. Oposición (PN, PL) lo tilda de "decretazo ilegal" para blindar a Libre ante investigaciones, mientras sectores anticorrupción urgen revisión para evitar parálisis judicial.
Esta movida reaviva el debate sobre alternabilidad: Redondo, al publicarla sin votos, podría enfrentar demandas por abuso de autoridad, sumándose a impugnaciones electorales de noviembre 2025. Analistas coinciden en que, sin pacto ONU y consenso, la CICIH 2026 arranca debilitada, testeando la madurez del nuevo Legislativo ante demandas ciudadanas por justicia efectiva