Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), presentó reclamos por inconsistencias en 8,845 urnas adicionales, equivalentes al 47% de los votos totales de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, sumándose a las 2,793 ya en revisión por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según su desglose, esta revisión le otorgaría una ventaja de aproximadamente 104,000 votos sobre el Partido Nacional de Nasry Asfura, alterando los resultados preliminares con el 99% de actas procesadas que favorecen al nacionalista. Nasralla exige escrutinio voto por voto en televisión para transparentar el proceso y resolver la crisis postelectoral.
Detalles de los Reclamos
Nasralla detalló que las 8,845 urnas impugadas contienen 1,841,048 votos de departamentos clave como Cortés y Atlántida, donde alega manipulación por "dinero sucio" del narcotráfico durante gestiones nacionalistas previas (2010-2022). Estas se suman a las 2,793 enviadas de oficio a escrutinio especial por fallas en el sistema TREP, paralizado desde el 5 de diciembre con el 88% avanzado. El PLH argumenta que actas físicas no coinciden con el TREP operado por la empresa colombiana ASD, cuestionada por errores en elecciones pasadas, y exige conteo manual inmediato para proclamarlo ganador.
Contexto de la Crisis Electoral
El CNE enfrenta presiones cruzadas: Libre (Rixi Moncada) pide nulidad total, nacionalistas denuncian sabotaje en el INFOP, y Nasralla mantiene que aceptará "paladinamente" los resultados tras revisión pública. Fallos técnicos, eliminación del biométrico y bloqueos en Tegucigalpa han retrasado el proceso, con plazo para impugnaciones hasta el 29 de diciembre y posesión el 27 de enero de 2026. La OEA y misiones observadoras urgen transparencia para evitar ingobernabilidad.
Reacciones Políticas
Asfura mantiene ligera ventaja (40% vs. 39% de Nasralla), pero un Congreso opositor complicaría su gobernabilidad. Xiomara Castro calificó los comicios de "golpe electoral" con injerencia de Donald Trump, mientras Nasralla llama a la calma ciudadana y alinea fuerzas del orden con la Constitución. En Tegucigalpa, la tensión afecta estabilidad post-cambio de mando militar y transparencia en FFAA.