Managua, Nicaragua – 13 de diciembre de 2025 – Un grupo de nueve magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua emitió un comunicado este sábado, expresando su disposición total para participar en cualquier sesión de Pleno, ya sea presencial o virtual. Los juristas destacaron su compromiso con la resolución pronta de asuntos de "suma urgencia" que han ingresado recientemente, priorizando la tutela de derechos fundamentales en medio de un contexto político tenso.
Los magistrados Luis Fernando Padilla, Francisca Villela, Walter Raúl Miranda, Nelson Mairena, Gaudy Bustillo, Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, Wagner Vallecillos y Odalis Nájera subrayaron en su declaración que permanecen "atentos a cualquier convocatoria" para abordar estos casos. Fuentes cercanas a la CSJ indican que los temas involucran recursos de amparo y hábeas corpus relacionados con detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y violaciones a garantías constitucionales, muchos de ellos vinculados a opositores políticos y activistas.
Esta postura surge en un momento crítico para el Poder Judicial nicaragüense, marcado por divisiones internas y acusaciones de injerencia gubernamental. La Sala Constitucional, encargada de velar por la supremacía de la Constitución Política de 1987 (reformada en 1995 y 2014), ha enfrentado críticas internacionales por su rol en la crisis sociopolítica iniciada en 2018.
Contexto de la Crisis Judicial en Nicaragua
La declaración de los magistrados responde a un vacío en las sesiones plenarias de la Sala Constitucional, que no ha convocado reuniones formales desde hace varias semanas. Según reportes de medios independientes como Confidencial y La Prensa, esta parálisis se debe a boicots y desacuerdos entre facciones afines al gobierno del presidente Daniel Ortega y sectores más independientes dentro de la CSJ.
Antecedentes clave: Desde las protestas masivas de 2018, la Sala ha resuelto más de 500 recursos de amparo, muchos rechazados por alineación con el Ejecutivo. Organismos como Human Rights Watch y la CIDH han documentado al menos 50 casos de magistrados destituidos o presionados por fallos contrarios al oficialismo.
Casos urgentes recientes: Entre los asuntos pendientes figuran apelaciones por la confiscación de propiedades a ONG disueltas (como el caso de Hagamos Democracia), expulsiones de diputados de la Asamblea Nacional y detenciones de periodistas bajo la Ley de Agentes Extranjeros (vigente desde 2020).
Composición de la Sala: La CSJ cuenta con 16 magistrados titulares; los nueve firmantes representan una mayoría disidente, opuesta a decisiones como la reelección indefinida de Ortega (habilitada por reformas en 2021).
Datos de la CIDH (Informe 2024) revelan que Nicaragua acumula 1.200 denuncias pendientes ante instancias interamericanas, con la Sala Constitucional como primer filtro nacional.
Posiciones de los Magistrados y Reacciones
Los nueve magistrados enfatizaron su rol en "tutelando el respeto a los derechos fundamentales", citando artículos 23 (derecho a la vida y libertad personal), 29 (libertad de expresión) y 183 (supremacía constitucional) de la Carta Magna. En entrevistas pasadas, Padilla y Villela han criticado públicamente la politización de la justicia, mientras Miranda y Mairena han impulsado fallos a favor de presos políticos.
Reacciones inmediatas:
Gobierno: Voceros oficialistas, vía El 19 Digital, tildaron la nota como "golpista", acusando a los magistrados de obstruir la "revolución".
Oposición: Líderes exiliados como Félix Maradiaga aplaudieron la iniciativa en redes, viéndola como un "respiro para la democracia".
Internacional: La Unión Europea y EE.UU. monitorean el desarrollo, con posibles sanciones bajo la Ley Magnitsky si persiste la parálisis judicial.
Implicaciones para el Sistema Judicial
Esta movida podría forzar una convocatoria del presidente de la CSJ, Alba Luz Ramos (aliada de Ortega), bajo el Reglamento Interno de la Sala (artículo 12), que obliga sesiones en 48 horas para urgencias. Expertos como el jurista Rodrigo González Ballesteros predicen un "choque institucional" si no se resuelven al menos 20 casos prioritarios antes de fin de año.
La nota, difundida vía redes sociales y portales independientes, no ha sido desmentida oficialmente. Permanece por ver si genera avances o profundiza la fractura en un Poder Judicial ya debilitado por la migración de 300 jueces desde 2018 (según Transparencia Internacional).