La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció públicamente que se estaría gestando un nuevo intento de golpe de Estado contra su gobierno y llamó a la movilización pacífica de la ciudadanía en Tegucigalpa. En un mensaje difundido en sus canales oficiales, aseguró que la alerta proviene de “información de inteligencia verificada” y situó en el centro de la trama al expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente perdonado en Estados Unidos, a quien acusa de planear su regreso al país para proclamarse ganador de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Denuncia de un plan desestabilizador
En el comunicado, Castro sostiene que Hernández prepararía su ingreso a Honduras con el objetivo de presentarse como verdadero vencedor de los comicios y, con ello, quebrar el orden constitucional y democrático. Según la presidenta, esa maniobra se articularía con la crisis postelectoral que mantiene en disputa los resultados y con sectores internos que desconocen la legitimidad de su gobierno. La jefa de Estado enmarca estos hechos en una “agresión orientada a romper el orden constitucional”, que describe abiertamente como un intento de golpe en marcha.
El señalamiento se produce en medio de fuertes tensiones por el escrutinio especial y por las denuncias cruzadas de fraude, sabotaje y golpe electoral entre oficialismo y oposición. En ese contexto, la figura de Hernández —condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y luego beneficiado por un indulto presidencial— aparece en el discurso de Castro como símbolo del retorno de una élite política que, según ella, gobernó durante años al servicio del crimen organizado.
Llamado a la movilización pacífica
Ante lo que califica como “grave situación”, la presidenta solicita “de urgencia” el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Convoca a movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía en general a concentrarse de manera urgente en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y “hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”. El énfasis en la vía pacífica busca, al menos en el plano discursivo, diferenciar la respuesta ciudadana de cualquier escalada violenta.
Este llamado se suma a otras convocatorias recientes del oficialismo para “defender el voto” y la continuidad del orden constitucional frente a lo que describen como presiones externas e internas sobre el proceso electoral. Sin embargo, también despierta recelos en sectores opositores y analistas que temen que la movilización masiva pueda derivar en choques con fuerzas de seguridad o con simpatizantes de otros partidos, en un escenario ya cargado de crispación política.
Reacciones y efectos políticos
Aunque las versiones independientes sobre el supuesto plan de Juan Orlando Hernández aún son limitadas, la acusación presidencial profundiza la polarización y coloca el foco en la fragilidad institucional del país. Para los partidarios de Castro, el mensaje confirma que existen amenazas reales contra la democracia hondureña y justifica la organización de una “defensa popular” del gobierno. Para la oposición, en cambio, el discurso puede interpretarse como un intento de cerrar filas en torno al oficialismo y de deslegitimar de antemano cualquier resultado o protesta que le sea adversa.
En el plano internacional, la denuncia podría reavivar la atención de organismos regionales y de derechos humanos sobre la situación hondureña, donde la línea entre disputa electoral y crisis de gobernabilidad parece cada vez más delgada. El desarrollo de las movilizaciones convocadas por la presidenta, la respuesta de las fuerzas de seguridad y las eventuales reacciones del entorno de Hernández serán determinantes para saber si se trata de una alerta temprana frente a un riesgo real de ruptura institucional o de un episodio más en la cadena de acusaciones cruzadas que han marcado el convulso panorama político del país.