Hong Kong prohíbe operaciones de dos grupos prodemocracia en exilio: un nuevo golpe bajo la ley de seguridad nacional
Por [Tu Nombre o Grok], 2 de diciembre de 2025 – En un movimiento que intensifica la represión contra el disenso, el gobierno de Hong Kong ha prohibido oficialmente las operaciones de dos organizaciones prodemocracia con sede en el extranjero, acusadas de "subversión" y promoción de la "autodeterminación". La medida, emitida bajo la controvertida Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como Artículo 23), impone penas draconianas a miembros, donantes y simpatizantes, en un contexto de erosión continua de las libertades civiles en la excolonia británica.
El anuncio se produjo este martes mediante una notificación en la gaceta oficial de la ciudad, firmada por el secretario de Seguridad, Chris Tang Ping-keung. La prohibición entra en vigor de inmediato y afecta directamente al "Parlamento de Hong Kong" (basado en Canadá) y a la "Unión de Independencia Democrática de Hong Kong" (con sede en Taiwán). Ambas entidades, formadas por activistas exiliados tras las protestas de 2019, son descritas por las autoridades como amenazas a la "seguridad nacional" por su objetivo de socavar el poder estatal y el sistema constitucional de la República Popular China (RPC).
Detalles de las organizaciones prohibidas
El Parlamento de Hong Kong, establecido en 2024 por activistas prodemocracia en el exilio, opera desde Toronto como una "legislatura en la sombra" no comercial. Su Comité Organizador Electoral busca realizar elecciones internas en mayo de 2025 para seleccionar representantes simbólicos, con el fin de "derrocar" el gobierno local y promover la autodeterminación de la región. Las autoridades hongkonesas lo acusan de subvertir el poder estatal y de derrocar ilegalmente el orden constitucional, emitiendo previamente recompensas de hasta 1 millón de dólares hongkoneses (HK$) por información sobre 15 de sus líderes. Un caso reciente ilustra la severidad: en noviembre, una joven de 19 años fue condenada a un año de prisión por sedición tras participar en videos promocionales del grupo.
Por su parte, la Unión de Independencia Democrática de Hong Kong (HKDIU, por sus siglas en inglés) surgió en noviembre de 2024 en Taipéi, Taiwán, como una alianza que aboga explícitamente por la independencia de Hong Kong –un delito tipificado bajo las leyes de seguridad–. Recluta miembros en línea y ha sido vinculada a conspiraciones de secesión. Cuatro de sus miembros fueron arrestados en julio de 2025 en Hong Kong por cargos de subversión y secesión. Un adolescente de 16 años se declaró culpable recientemente de conspiración para cometer secesión por su involucramiento con el grupo, destacando cómo la represión se extiende incluso a menores.
Ambos grupos mantienen una presencia activa en redes sociales, con muchos miembros en el extranjero, lo que plantea dudas sobre el impacto práctico de la prohibición en sus operaciones diarias. Sin embargo, el gobierno insta al público a no participar en sus actividades, bajo amenaza de sanciones.
La ley que allana el camino: Artículo 23 en acción
Esta es la primera vez que la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional –aprobada el 23 de marzo de 2024 y conocida como Artículo 23 del Convenio Básico– se invoca para prohibir organizaciones. La ley, impulsada por Pekín tras las protestas prodemocracia de 2019, complementa la Ley de Seguridad Nacional impuesta directamente por China en 2020. Originalmente propuesta en 2002, fue archivada en 2003 ante masivas manifestaciones que la tildaron de amenaza a las libertades. Tras el caos de 2019, fue reactivada en tiempo récord por una legislatura sin oposición, con aprobación unánime.
El Artículo 23 amplía definiciones vagas de delitos como traición, insurrección, sabotaje, interferencia externa, sedición, robo de secretos de Estado y espionaje. Permite detenciones preventivas de hasta 16 días sin cargos y restringe el acceso a abogados. Según un portavoz del Buró de Seguridad, "después de considerar toda la información relevante, incluida la respuesta presentada por el Parlamento de Hong Kong (la Unión no respondió), el secretario de Seguridad cree razonablemente que la prohibición es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional".
Las penas son severas: hasta 14 años de cárcel y multas de hasta 1 millón de HK$ (aproximadamente 128.000 dólares estadounidenses) para quienes actúen como oficiales, miembros, participantes o donantes. Incitar a otros a unirse o brindar ayuda también es punible. Algunos líderes de estos grupos ya figuran en la lista de "más buscados" de la policía hongkonesa, con recompensas de 200.000 HK$ por información.
Reacciones: Silencio de los grupos y críticas internacionales
Ni el Parlamento de Hong Kong ni la Unión de Independencia han emitido declaraciones inmediatas sobre la prohibición, aunque el primero presentó argumentos formales antes del plazo. En redes sociales como X (antes Twitter), las reacciones iniciales son limitadas pero críticas: usuarios exiliados como Kayle Wong, de la campaña "StandWithHongKong", denuncian que el Partido Comunista Chino (PCC) y el gobierno hongkonés "temen la unidad pública" y priorizan el poder autoritario sobre la justicia y el rescate en desastres. Publicaciones de medios como Firstpost y The Star destacan el "golpe a la mentalidad democrática" al promover la autodeterminación.
Internacionalmente, la ley ha sido condenada por ONGs de derechos humanos, estados occidentales y la ONU como "vaga, amplia y regresiva", erosionando las libertades prometidas en la declaración sino-británica de 1984. El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) advierte que expande la interferencia externa y el espionaje, consolidando el control de China sobre los derechos de la ciudad. No hay respuestas oficiales de gobiernos como EE.UU. o la UE hasta el momento, pero analistas prevén sanciones diplomáticas.
Implicaciones: Un capítulo más en la erosión democrática
Esta prohibición se enmarca en una ola de medidas represivas: desde 2020, más de 10.000 arrestos relacionados con protestas, disolución de partidos como la Liga de Demócratas Sociales en junio de 2025 y el desmantelamiento de la oposición en el Consejo Legislativo. Bajo el dominio del PCC, Hong Kong –que prometía "un país, dos sistemas" hasta 2047– ha visto cómo su movimiento democrático, activo desde los años 80, se reduce a sombras en el exilio.
Expertos temen que esta acción disuada donaciones y participación, extendiendo el "efecto escalofriante" a la diáspora hongkonesa. Mientras el gobierno local celebra "cerrar lagunas" constitucionales, activistas en el extranjero insisten: la prohibición no silencia las voces, pero acelera la huida de talentos y erosiona la imagen global de la ciudad como hub financiero libre. ¿Sobrevivirá el espíritu de 2019 en las redes, o se convertirá en otro eco del pasado? Solo el tiempo –y las próximas elecciones "en la sombra"– lo dirán.