El pronunciamiento advierte que cualquier intento de frenar o manipular el escrutinio especial de las elecciones hondureñas constituye una agresión directa contra el derecho del pueblo a que se respete su voto. El mensaje sostiene que bloquear mesas, intimidar funcionarios, interrumpir el conteo o interferir en esta fase crítica no son actos de “vigilancia ciudadana”, sino maniobras que atentan contra la legitimidad del proceso democrático.
Ley, Constitución y escrutinio especial
El texto subraya que ni dirigentes, ni partidos políticos, ni intereses particulares pueden situarse por encima de la Constitución ni de la Ley Electoral. Asegura que quien incumple deliberadamente las normas, sabotea el funcionamiento de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento o pretende imponer recuentos fuera de los procedimientos establecidos se coloca, en los hechos, del lado de una estrategia de presión y desestabilización. La declaración liga explícitamente esas prácticas con el Partido Libre y con fuerzas que califica de “afines al narcosocialismo”, cuyas “artimañas” —afirma— son bien conocidas por la ciudadanía.
En este marco, se insiste en que Honduras “no necesita atajos ni imposiciones”, sino que el proceso electoral se conduzca exactamente conforme a derecho: que el escrutinio especial se desarrolle con transparencia, orden y civilidad, y que la declaratoria de resultados se emita dentro del plazo legal, antes del 30 de diciembre. La idea central es que el cumplimiento estricto de la normativa es la única vía para preservar la confianza en las instituciones y cerrar la crisis poselectoral.
Papel de las Fuerzas Armadas y defensa del voto
El comunicado también define un rol para las Fuerzas Armadas de Honduras, a las que llama a actuar dentro de sus competencias constitucionales para garantizar la seguridad del proceso. Les pide proteger la integridad del material electoral, asegurar la custodia de las instalaciones donde se realiza el escrutinio especial y evitar que terceros impidan la conclusión del conteo y la proclamación de los resultados. Se trata de una apelación a que los militares respalden el orden institucional sin convertirse en árbitros políticos, pero tampoco en espectadores pasivos frente a intentos de sabotaje.
Finalmente, el mensaje recalca que la voluntad popular expresada en las urnas, reflejada de manera objetiva y verificable en las actas públicas, debe prevalecer sobre cualquier presión, amenaza o intento de desestabilización. Desde esta perspectiva, el verdadero “respeto al voto” no se mide por quién gana o pierde, sino por si el país es capaz de culminar el escrutinio y proclamar resultados ajustados a la ley, sin ceder a presiones de grupos que, al incumplir las reglas, se muestran dispuestos a poner en riesgo la estabilidad democrática con tal de imponer su narrativa.