Danlí, El Paraíso — Martes, 30 de diciembre de 2025
Redacción: Unidad de Investigación — Medios Regionales del Este
Detenido abogado en Danlí por presunta participación en red de extorsión; autoridades revelan operativo coordinado tras múltiples denuncias
DANLÍ, El Paraíso — En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), fue detenido este lunes 29 de diciembre en la ciudad de Danlí un abogado identificado como José Antonio M. R., de 43 años, acusado de liderar y ejecutar una red de extorsión que operaba desde hace al menos tres meses en la región oriental del país.
Según informes oficiales emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública, el sospechoso —quien se desempeñaba como litigante en materia civil y penal en tribunales locales— habría utilizado su condición profesional para ganar la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales eran pequeños empresarios, comerciantes y profesionales independientes del valle de Aguanaco y zonas aledañas.
Método de operación: manipulación legal y amenazas veladas
Fuentes judiciales consultadas por este medio indican que el ahora detenido no actuaba de manera directa, sino que operaba mediante intermediarios y comunicaciones cifradas (principalmente por aplicaciones de mensajería con autodestrucción de mensajes), exigiendo sumas que oscilaban entre los L50,000 y L500,000 (aproximadamente USD 2,000 a USD 20,000) bajo falsas pretensiones legales:
- Supuestas "deudas tributarias pendientes" ante la Administración Tributaria (DEI),
- Amenazas de demandas penales por "delitos ambientales o laborales inexistentes",
- Advertencias de allanamientos inminentes o embargos administrativos fraudulentos.
En al menos seis casos documentados —tres de ellos ya judicializados— el abogado habría redactado documentos con membrete falso de instituciones públicas, incluyendo copias adulteradas de resoluciones judiciales y notificaciones supuestamente emitidas por jueces de Danlí y Yuscarán.
Operativo de detención y evidencia incautada
El allanamiento se realizó en dos inmuebles: una residencia en el barrio El Centro y una oficina privada ubicada en la calle principal frente al Juzgado de Letras de Danlí. En dichas propiedades, los agentes aseguraron:
- 6 teléfonos móviles con doble SIM y aplicaciones de cifrado (Signal, Telegram con cuentas múltiples),
- Documentos falsificados, incluyendo sellos húmedos de tribunales y copias manipuladas de expedientes judiciales,
- Registros contables manuscritos con nombres de víctimas y montos exigidos (con códigos como “P-7”, “V-12”, “C-4” que, según análisis preliminar, aluden a personas, fechas y porcentajes de reparto),
- L1.2 millones en efectivo ocultos en compartimentos falsos de una caja fuerte empotrada en la pared,
- Un listado de 23 posibles víctimas aún no denunciantes, identificadas como “en seguimiento”.
Además, se detuvo a dos colaboradores: un expolicía retirado, identificado como H. L., de 51 años, presuntamente encargado de realizar seguimientos físicos; y una asistente administrativa, M. G., de 29 años, sospechosa de gestionar transferencias electrónicas y redactar comunicaciones extorsivas.
Denuncias previas y silencio por miedo
Según el Ministerio Público, al menos 14 personas habían presentado denuncias anónimas o bajo reserva de identidad entre septiembre y noviembre de 2025. Sin embargo, muchas retiraron sus querellas tras recibir nuevas amenazas —incluyendo mensajes con fotos de sus hijos en escuelas o lugares de trabajo—, lo que evidencia el alto grado de intimidación ejercido por la estructura criminal.
Una víctima que accedió a hablar con este medio bajo condición de anonimato relató:
"Él citaba artículos del Código Penal con tanta precisión que pensé que efectivamente había cometido un delito. Me dijo que si no pagaba en 48 horas, me iban a imputar por lavado… y que ya tenía el juez ‘convencido’. Solo cuando fui a la Policía y me dijeron que todo era falso, entendí el engaño."
Reacciones institucionales
El jefe policial regional, comisionado Roberto Meza, declaró en rueda de prensa:
"Este caso es profundamente grave: un profesional del derecho, que juró defender la justicia, la usó como herramienta de delincuencia. Enviamos un mensaje claro: no importa el título que tenga quien delinque; si abusa del sistema, será sacado del sistema."
Por su parte, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) anunció que abrirá un expediente disciplinario ex officio y adelantó que, de confirmarse los hechos, solicitará la cancelación definitiva de su título profesional y su expulsión del gremio.
Próximos pasos legales
José Antonio M. R. fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de Danlí y se le imputan los delitos de:
- Extorsión agravada (Art. 207 del Código Penal),
- Falsificación de documentos públicos (Art. 330),
- Asociación ilícita (Art. 332),
- Cohecho pasivo propio (Art. 318), por presuntas gestiones irregulares ante funcionarios.
La audiencia inicial de declaración se programó para este miércoles 31 de diciembre de 2025, ante el Juzgado de Letras en lo Penal de Danlí. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la justicia.