Un juez hondureño destituyó a Leandro Osorio, comisionado en condición de retiro, de su rol en la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS), mediante auto TBX-2025-0060, notificando a Karina Noguera como secretaria y María Romero como secretaria general. La medida, firmada por el juez y sellada institucionalmente, responde a procesos administrativos en un contexto de crisis policial por impagos salariales que amenazan con huelgas de "brazos caídos".
Antecedentes de la Crisis Policial
Osorio, exjefe regional de Policía Nacional con historial de depuraciones anticorrupción desde 2016, alertó públicamente sobre la inédita amenaza de paralización policial el 29 de diciembre por atrasos en sueldos, bonos navideños, alimenticios y dotación, confirmados por el director Juan Manuel Aguilar. Criticó priorizar recompensas por capturas como la del general Romeo Vásquez sobre salarios, advirtiendo un "detrimento a la seguridad pública" en Tegucigalpa y regiones.
Detalles del Auto Judicial y Cargos
El documento judicial ordena la inmediata desvinculación de Osorio, con notificación a autoridades de la SEDS para ejecutar el proceso, sin detallar motivos explícitos más allá de incumplimientos legales vinculados a su labor reciente. Karina Noguera y María Romero, figuras clave en la estructura de Seguridad bajo la presidenta Xiomara Castro, reciben copia para coordinar traslados y cumplimiento, en medio de tensiones post-electorales 2025.
Implicaciones para Seguridad Nacional
La destitución agrava la inestabilidad institucional, con Osorio —quien depuró policías corruptos y enfrentó amenazas— como voz crítica del descontento en la escala básica, afectando prevención, investigación e inteligencia. Analistas vinculan esto a presiones del nuevo Congreso Nacional y demandas de intervención presidencial, en un año de disputas legislativas y amenazas al CNE.