Tensiones en la CSJ por el Estado de Excepción: Magistrados exigen sesión urgente ante recursos de amparo, a días de las elecciones generales
Tegucigalpa, Honduras – A solo tres días de las elecciones generales del 30 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras enfrenta una crisis interna por el Decreto Ejecutivo PCM-37-2025, que prorroga el estado de excepción parcial hasta el 26 de diciembre. Ocho magistrados de distintas salas han exigido a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, convocar de inmediato un pleno para deliberar sobre múltiples recursos de amparo constitucional interpuestos contra la medida, que suspende garantías fundamentales en 226 de los 298 municipios del país.
El decreto, publicado el 12 de noviembre en La Gaceta número 36.991, extiende por 45 días la suspensión de derechos contenidos en los artículos 69 (habeas corpus), 78 (libertad de tránsito), 81 (inviolabilidad de correspondencia), 84 (libertad de expresión), 92 (libertad de asociación y reunión) y 226 (facultades del Ejecutivo en emergencias) de la Constitución. La medida, justificada por el gobierno como necesaria para combatir el crimen organizado, no incluye toque de queda y permite la circulación libre, pero ha desatado un debate jurídico sobre su legalidad, especialmente porque no ha sido ratificada por el Congreso Nacional, como exige la Carta Magna para prórrogas sucesivas.
El amparo de CONADEH: "Una restricción innecesaria a derechos humanos"
Uno de los recursos clave fue presentado el mismo día de la publicación por Blanca Saraí Izaguirre Lozano, alcaldesa de Tegucigalpa y titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En su solicitud, dirigida a la Sala de lo Constitucional, Izaguirre argumenta que el estado de excepción viola el mandato constitucional de velar por la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, especialmente en un contexto preelectoral. "El CONADEH goza de independencia funcional, administrativa, técnica y de criterio, y tiene el mandato de velar por la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas sujetas a jurisdicción", se lee en el documento, que pide la suspensión inmediata del acto reclamado con efecto erga omnes (aplicable a todos).
Izaguirre, designada por el Congreso en 2020 como ombudsman nacional, enfatiza que la medida afecta a entidades públicas y privadas que prestan servicios, incumpliendo obligaciones en materia de dignidad humana y fortalecimiento del Estado de Derecho. Fuentes del CONADEH indicaron que la institución ha documentado un aumento en detenciones arbitrarias y restricciones a la movilidad en zonas rurales, aunque el gobierno niega abusos sistemáticos.
Reacciones divididas en la Sala Constitucional y presiones externas
La Sala de lo Constitucional admitió el recurso de CONADEH y otros similares, pero no ha alcanzado la unanimidad requerida para una resolución definitiva, lo que ha paralizado el proceso. Según reportes, existen tres posturas jurídicas: una favorable a la suspensión inmediata por inconstitucionalidad; otra que defiende su vigencia temporal para seguridad pública; y una tercera que propone reformas al decreto. "La decisión final recaerá en el pleno de la CSJ", advierten analistas, citando los artículos 80, 308 y 315 de la Constitución como base para la convocatoria urgente.
El Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ratificó este jueves que el decreto es "ilegal" porque solo los primeros siete períodos de excepción fueron aprobados por el Legislativo; los 18 subsiguientes, incluido el PCM-37-2025, carecen de respaldo constitucional. "Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", cita el comunicado, invocando el artículo 321.
Desde el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el presidente Gustavo Solórzano instó a la presidenta Xiomara Castro a suspender la medida antes de los comicios. "El estado de derecho se sustenta en la Constitución, la separación de poderes y el respeto a los derechos ciudadanos", declaró en un podcast, advirtiendo posibles responsabilidades penales para funcionarios.
A nivel internacional, 33 exjefes de Estado del Grupo de Lima IDEA alertaron a la OEA y al Departamento de Estado de EE.UU. sobre "graves amenazas" como el estado de excepción, injerencia militar y persecución a magistrados, que podrían empañar las elecciones. "Vigilen el proceso del 30 de noviembre", urgió el grupo en un comunicado.
Contexto preelectoral: ¿Seguridad o control?
El gobierno de Castro defiende la prórroga como herramienta contra el crimen organizado, que ha cobrado miles de vidas en 2025. Sin embargo, activistas denuncian que, bajo excepción, se asesina a una mujer cada 29 horas sin resultados visibles en la reducción de violencia. Constitucionalistas como el abogado entrevistado por RCV señalan que "todo lo actuado bajo esa figura carece de respaldo legal" y que no hay tiempo para deliberaciones plenas antes de los comicios.
Mientras la CSJ acelera consultas internas, la tensión crece: el pleno podría definirse este viernes, pero la incertidumbre reina. Para los hondureños, el estado de excepción no solo cuestiona derechos, sino la integridad de un proceso electoral ya marcado por polarización.