Tensiones en el Poder Judicial de Honduras: Ministerio Público Presiona a la CSJ para Notificar Resolución y Avanzar en Requerimiento Fiscal contra Magistrados del TJE
Tegucigalpa, Honduras – 9 de noviembre de 2025 – A escasos 21 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Ministerio Público (MP) ha intensificado su ofensiva legal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez. En un comunicado oficial emitido el viernes 7 de noviembre, el ente acusador solicitó "respetuosamente" a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la notificación inmediata de la resolución que declara inadmisible el antejuicio presentado en su contra. El MP argumenta que su equipo de fiscales está "listo" para presentar el requerimiento fiscal por presunto prevaricato judicial, con el fin de "garantizar elecciones limpias y transparentes".
Esta petición surge tras la decisión unánime de una Sala Ad-Hoc de la CSJ, designada por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, que el mismo viernes declaró "inadmisible" el proceso de antejuicio. Según el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, los magistrados del TJE gozan de las mismas prerrogativas que los de la Suprema Corte, conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y el artículo 421 del Código Procesal Penal, por lo que no proceden a este mecanismo de inmunidad. La resolución será notificada formalmente el lunes 10 de noviembre, y el MP dispondrá de 24 horas para interponer un recurso de reposición si lo considera necesario.
El caso, que ha generado un torbellino de críticas y debates jurídicos, se originó el 27 de octubre de 2025, cuando Flores Urrutia y Barahona, sin la participación del tercer magistrado del pleno, Mario Morazán Aguilera, emitieron resoluciones ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir como candidatos a diputados a Jorge Cálix (Partido Liberal por Olancho) y Cristhian Adalid Villalobos (Partido Nacional por Valle). El MP, a través de su Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), denunció estas actuaciones como "contrarias a la ley", al margen de la Constitución y la Ley Electoral, ya que el TJE no estaba "debidamente integrado" sin quórum completo. La Fiscalía presentó la solicitud de antejuicio el 4 de noviembre ante la CSJ, acusando a los magistrados del delito de prevaricato judicial (artículo 349 del Código Penal), que implica sanciones de hasta ocho años de prisión.
Antecedentes del Conflicto Electoral
El escándalo electoral estalló en medio de la recta final de las postulaciones para las elecciones generales, donde se disputan la presidencia, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldías. Cálix, un controvertido diputado liberal conocido por sus posturas críticas al gobierno de Xiomara Castro, y Villalobos, aspirante nacionalista, fueron inicialmente excluidos por el CNE por presuntas irregularidades en sus candidaturas. La resolución del TJE buscaba revertir esto, pero el CNE, presidido por Ana Paola Hall, se negó a acatarla argumentando dudas sobre su legalidad, especialmente ante la inminente solicitud de antejuicio del MP. Hall otorgó un plazo hasta el 5 de noviembre para que los partidos llenaran las vacantes, lo que resultó en la exclusión definitiva de ambos candidatos y el inicio de la impresión de papeletas.
Morazán Aguilera, el magistrado disidente, ha sido clave en la denuncia interna. Él alertó sobre la "irregularidad" de las resoluciones y respaldó la decisión de la CSJ, afirmando que establece un "antecedente importante" de que los antejuicios no proceden contra magistrados del TJE. En contraste, Flores Urrutia, presidente del TJE, ha calificado la acción del MP como una "persecución política" y un "intento de asaltar las instituciones electorales". En declaraciones a medios el viernes, reiteró: "No temo a ser capturado. Nuestras actuaciones han sido transparentes y apegadas a la ley. Solo el Congreso Nacional puede juzgarnos mediante juicio político".
Reacciones del Ámbito Jurídico y Político
La resolución de la CSJ ha dividido opiniones entre juristas. El exfiscal general Edmundo Orellana Mercado la calificó de "correcta", argumentando que el TJE comparte prerrogativas con la CSJ, por lo que el antejuicio no aplica y el camino lógico es un juicio político ante el Congreso. Similarmente, Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, advirtió que el mecanismo correcto para magistrados electorales es el juicio político, no penal directo, para preservar la independencia institucional. "Intentar un antejuicio quebranta el ordenamiento jurídico", enfatizó.
Por el contrario, la abogada Alina Aguilera y el jurista Kenneth Madrid defienden la protección de la independencia judicial, pero Madrid cuestiona si las resoluciones del TJE eran realmente "contrarias a la ley", ya que no existe una sentencia previa que las declare nulas. Oliver Erazo, abogado defensor de los magistrados, describió la situación como "dramática", comparándola con un "estado de excepción" que vulnera derechos constitucionales. "No hay sentencia que invalide las resoluciones del TJE. Esto es una cacería selectiva", sostuvo.
En el plano político, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, designada presidencial de Nasry "Tito" Asfura, arremetió contra el fiscal general Johel Zelaya: "Sigue haciendo el ridículo". Mejía ve en el caso un intento de "crear caos" en vísperas electorales, alineado con intereses del oficialismo. Cálix, desde su cuenta en X, ha denunciado una "instrumentalización del MP" para bloquear candidaturas opositoras. Mientras, el portavoz del MP, Yuri Mora, insistió en que "nadie está por encima de la ley" y que el requerimiento fiscal –similar al antejuicio pero ante un juez natural– se presentará una vez notificada la resolución, aunque no detalló si implicará órdenes de captura.
| Aspecto | Detalles del Caso |
|---|---|
| Acusados | Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez (magistrados del TJE) |
| Delito Imputado | Prevaricato judicial (art. 349 Código Penal: emitir resoluciones contrarias a la ley) |
| Resoluciones Cuestionadas | Inscripción de Jorge Cálix (PL, Olancho) y Cristhian Villalobos (PN, Valle) el 27/10/2025, sin quórum del TJE |
| Decisión CSJ | Inadmisible antejuicio (7/11/2025, por unanimidad de Sala Ad-Hoc) |
| Próximos Pasos MP | Requerimiento fiscal ante juez competente, una vez notificada resolución (prevista para 10/11) |
| Vía Alternativa | Juicio político en Congreso Nacional, según juristas |
Implicaciones para las Elecciones 2025
Este pulso entre el MP y el TJE amenaza con desestabilizar el proceso electoral, ya marcado por denuncias de manipulación. La no inscripción de Cálix y Villalobos ha avivado acusaciones de sesgo partidario en el CNE y el MP, ambos percibidos como cercanos al gobierno. Observadores internacionales, como la OEA, han instado a resolver disputas con celeridad para evitar impugnaciones postelectorales. Si el requerimiento fiscal prospera, podría derivar en suspensiones o capturas, paralizando al TJE en un momento crítico.
Flores Urrutia, en un mensaje público, agradeció el "apoyo del pueblo" y reiteró su compromiso con la "transparencia". Mientras, el MP enfatiza su rol en la defensa de la legalidad electoral. Analistas como Orellana advierten que la insistencia del fiscal podría carecer de "solidez jurídica", generando un precedente peligroso de judicialización política.
Con las urnas a la vista, Honduras observa si este caso fortalece o erosiona la confianza en sus instituciones. La notificación de la CSJ el lunes podría ser el detonante de una nueva fase en esta batalla por el control electoral.