Oposición en el Congreso Nacional de Honduras improba el estado de excepción en sesión extraordinaria paralela
Tegucigalpa, Honduras – 19 de noviembre de 2025 Por: Redacción Nacional**
En un hecho que profundiza la crisis institucional en Honduras a solo 11 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, un grupo de 71 diputados de oposición (de los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras) celebró este martes 18 de noviembre una **sesión extraordinaria en un hotel de la capital y aprobó improbar la prórroga del estado de excepción decretada por el Ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro el pasado 12 de noviembre (PCM 37-2025), que extendía la medida hasta el 26 de diciembre.
La sesión, autoconvocada por diputados como Maribel Espinoza (Partido Liberal) y Ligia del Carmen Ramos (Partido Salvador de Honduras), se realizó en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Express de Tegucigalpa, luego de que los legisladores encontraran cerrado y resguardado por policía el edificio del Congreso Nacional. Los convocantes invocaron los artículos 191 y 193 de la Constitución, que permiten a cualquier grupo de diputados sesionar en cualquier lugar del país cuando se impide ilegalmente el funcionamiento del Legislativo.
¿Qué aprobó exactamente la sesión opositora?
- Improbación total de la prórroga del estado de excepción y de todas las extensiones no ratificadas por el pleno del Congreso.
- Restablecimiento inmediato de todas las garantías constitucionales suspendidas.
- Exhorto al Ejecutivo para que notifique de forma inmediata a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la terminación de la medida.
- Llamado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a acatar la resolución y cesar cualquier acción amparada en el decreto ya improbado.
La diputada Maribel Espinoza, una de las principales promotoras, declaró durante el debate:
“Aquí estamos 71 diputados, este es el Congreso real, no los que están en partidos de fútbol o campañas. Llevamos casi tres años con garantías suspendidas. Esto no es seguridad, es control social”.
Por su parte, Ligia Ramos criticó la parálisis del Congreso oficial y afirmó que el estado de excepción “es un atentado contra las elecciones libres”.
Contexto: un régimen de excepción que lleva casi tres años
El estado de excepción parcial fue decretado originalmente el 6 de diciembre de 2022 y ha sido prorrogado más de 25 veces. Actualmente cubre 226 de los 298 municipios del país y suspende garantías como:
- Libertad de circulación
- Inviolabilidad del domicilio
- Libertad de asociación y reunión
- Protección contra detenciones arbitrarias
Organismos internacionales han sido contundentes:
- La CIDH ha advertido repetidamente que el uso prolongado de esta herramienta para combatir la delincuencia común es desproporcionado y debilita el Estado de derecho.
- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la red regional RINDHCA han expresado “profunda preocupación” por mantener restricciones de derechos en pleno proceso electoral.
- El Conadeh registró más de 1.000 quejas por abusos policiales y militares entre 2022 y 2025.
A pesar de que el Gobierno reporta reducción en homicidios (tasa proyectada de 20-25 por 100.000 habitantes para 2025), críticos señalan que la extorsión no ha disminuido significativamente y que la medida se ha convertido en una política permanente.
¿Tiene validez legal la decisión de la oposición?
Este es el punto más controvertido y que probablemente terminará en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- Argumento de la oposición: El artículo 187 de la Constitución obliga al Congreso a ratificar, modificar o improbar todo decreto de suspensión de garantías. Como la mayoría de las prórrogas nunca fueron sometidas al pleno (sino publicadas directamente en La Gaceta por el Ejecutivo), consideran que todas carecen de validez.
- Argumento del oficialismo y del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez: El decreto entra en vigencia inmediatamente por decisión del Consejo de Ministros y el Congreso solo tiene 30 días para pronunciarse (sin que la falta de ratificación lo derogue automáticamente).
Hasta el cierre de esta nota, el presidente del Congreso, Luis Redondo (aliado del oficialismo Libre), no ha reconocido la sesión y mantiene instalada una Comisión Permanente que la oposición califica de “ilegal” desde octubre”.
Reacciones inmediatas
- La bancada de Libre no asistió y descalificó la reunión como “un show político”.
- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y cámaras de comercio han pedido “certeza jurídica” urgente.
- Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión, pero advirtieron que el limbo legal puede generar más confusión en las calles.
- Fuentes militares consultadas por medios locales indicaron que “aguardarán instrucciones claras del mando superior” antes de modificar operativos.
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Honduras amanece este 19 de noviembre en un inédito escenario de dos Congresos paralelos y un estado de excepción cuya vigencia real dependerá de quién controle efectivamente el poder legislativo y, en última instancia, de lo que decida la Corte Suprema.