Magistrados de la CSJ exigen sesión urgente para deliberar amparos contra la prórroga del estado de excepción en vísperas electorales
Tegucigalpa, Honduras. - Ocho magistrados de diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviaron este jueves 27 de noviembre una misiva formal a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Raquel Obando, solicitando la convocatoria inmediata de una sesión del Pleno para resolver los recursos de amparo interpuestos contra el Decreto Ejecutivo PCM-37-2025. Esta medida, que extiende el estado de excepción por 45 días más hasta el 26 de diciembre, ha generado un intenso debate jurídico y político en el país, justo a tres días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
La carta, firmada por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos (Sala Constitucional), Francisca Vilma Zavala (Sala Constitucional), Walter Raúl Miranda Sabio (Sala Penal), Nelson Danilo Mairena (Sala Penal), Gaudy Alejandra Bustillo (Sala Civil), Any Belina Lochea Medrano (Sala Laboral-Contencioso Administrativo), Isabel Bustillo Hernández (Sala Constitucional) y Odalis Aleida Najera Medina (Sala Laboral-Contencioso Administrativo), argumenta que la revisión de estos amparos es de "interés público" y esencial para el "adecuado funcionamiento del sistema de justicia". Invocan artículos constitucionales como el 80, 308 y 315, así como el 12, 13 y 15 literal c del Reglamento Interno de la CSJ, para respaldar su petición de una deliberación urgente en Pleno.
El Decreto PCM-37-2025, promulgado el 12 de noviembre por el Poder Ejecutivo, suspende garantías constitucionales en 226 municipios —incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula— bajo el argumento de combatir el crimen organizado. Entre las restricciones figuran la limitación a la libertad de tránsito, reunión, asociación y expresión, así como la ampliación de detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial. Esta prórroga, que inicia a las 6:00 p.m. del 12 de noviembre y se extiende hasta las 6:00 p.m. del 26 de diciembre, coincide con el clímax del proceso electoral, lo que ha avivado críticas por posibles impactos en la participación ciudadana y el debate político.
Antecedentes: De la Sala Constitucional al Pleno
El origen del conflicto radica en un recurso de amparo presentado el viernes anterior ante la Sala de lo Constitucional, que no logró unanimidad para resolverlo. Dos magistrados solicitaron más tiempo para analizar el caso, lo que derivó en su traslado al Pleno de la CSJ. El portavoz de la Corte, Carlos Silva, confirmó que el Pleno conocerá el recurso, enfatizando que la mayoría de votos en la Sala optó por suspender el acto reclamado hasta su resolución final. Fuentes judiciales indican que al menos tres posturas jurídicas —sobre la proporcionalidad, necesidad y temporalidad de la medida— mantienen en suspenso el futuro del decreto.
En sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional (CN) ha mostrado divisiones: mientras el oficialismo defiende la prórroga por razones de seguridad, la oposición la ha calificado de "ilegal" y ha impulsado su improbación, argumentando que viola el principio de mínima restricción en periodos electorales. El presidente del CN, Luis Redondo, convocó a ratificación, pero el debate se estancó en comisión permanente.
Reacciones: Tensión entre seguridad y democracia
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) alertó en un comunicado que la vigencia del estado de excepción genera una "tensión constitucional de máxima relevancia", al chocar con pilares como la seguridad pública y el principio democrático. La institución cuestiona la falta de justificación técnica para extenderlo a 226 municipios y advierte que restringe libertades esenciales para el voto y la movilización electoral.
Organizaciones internacionales, como la OEA y la CIDH, han recomendado levantar tales medidas antes de elecciones para garantizar un proceso libre. En redes sociales, el tema domina el debate: usuarios como @jenalear destacan que "Honduras irá a elecciones en estado de excepción", mientras @RCVHonduras reporta la carta de los magistrados como un "llamado urgente".
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también cuestiona la legalidad, exigiendo al CN que lo ratifique, modifique o improbe. Hasta el cierre de esta nota, la CSJ no ha respondido oficialmente a la solicitud, pero se espera que la sesión plenaria se convoque en las próximas horas, en un momento crítico para la institucionalidad hondureña.
Esta situación pone a prueba el equilibrio entre la lucha contra la delincuencia —que ha justificado prórrogas previas desde 2022— y los derechos fundamentales, especialmente en un año electoral marcado por la polarización política. El desenlace podría redefinir el marco de garantías para el escrutinio del domingo.