Exdiputada Borjas exige evaluación neurológica y psiquiátrica al jefe de las FFAA por "conducta disruptiva" ante elecciones del 30 de noviembre
Tegucigalpa, Honduras. - A escasos 19 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, la exdiputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y comisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, ha elevado la polémica al solicitar públicamente una evaluación neurológica y psiquiátrica para el general de División Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA). La petición, dirigida directamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, surge en medio de crecientes cuestionamientos a la imparcialidad del alto mando militar y advierte de un posible riesgo para la transparencia del proceso comicial.
Borjas, quien fungió como diputada en el Congreso Nacional entre 2018 y 2022, argumenta que la "conducta disruptiva" reciente del general Hernández podría comprometer el rol constitucional de las FFAA como garantes de la democracia electoral. En una publicación en su cuenta de X el sábado 8 de noviembre, la exoficial detalló que esta recomendación no es un ataque personal, sino una medida preventiva "para blindar nuestro próximo ejercicio electoral" y garantizar que el juicio y comportamiento del militar no estén alterados por secuelas de salud. "Nadie está por encima de la ley ni de la seguridad democrática del país", enfatizó, aludiendo a la responsabilidad de las instituciones en un contexto de alta polarización política.
El núcleo de la denuncia radica en la salud del general Hernández, quien ha sufrido al menos tres infartos cardíacos en los últimos años. El primero ocurrió en mayo de 2023, cuando fue internado en terapia intensiva tras un procedimiento quirúrgico exitoso, aunque su estado se describió como "delicado". Un segundo episodio se reportó poco después, y el tercero motivó atención médica urgente en el extranjero, con apoyo directo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, lo que ha alimentado críticas por presunta politización de recursos estatales. Borjas advierte que estos eventos podrían haber causado interrupciones en el flujo sanguíneo al cerebro, generando daños neurológicos que afecten la memoria, el pensamiento lógico, el lenguaje o el juicio, elementos cruciales para un liderazgo militar en un proceso electoral sensible.
Esta no es la primera controversia que envuelve al general Hernández en el marco de los comicios de 2025. Como jefe del Estado Mayor Conjunto desde 2023, su rol incluye la custodia, transporte y seguridad de materiales electorales, así como el apoyo logístico al CNE, conforme a la Constitución y la Ley Electoral. Sin embargo, en las últimas semanas, ha sido acusado de intentar sobrepasar sus atribuciones: el 3 de noviembre, Hall le ordenó públicamente "cerrar la boca" y abstenerse de opinar sobre el proceso electoral, tras declaraciones que sugerían una injerencia indebida en la organización comicial. Fuentes internas de las FFAA hablan de un "sisma silencioso" por su "injerencia en la política", que ha generado tensiones y divisiones en la cúpula militar, exacerbadas en una reunión con más de 1.180 oficiales el 22 de octubre.
Además, Hernández ha sido blanco de críticas por su cercanía al oficialismo. Medios independientes lo señalan como un "aliado" del gobierno castista, con episodios como hostigamiento a la prensa —a la que ha calificado de "mentirosa", "criminal" y "traidora"— y presuntas mentiras en respuestas públicas, como en el caso de acusaciones contra el Grupo OPSA. Borjas, alineada históricamente con Libre pero crítica de sus filas en ocasiones, ve en esto un peligro para la neutralidad: "Su proximidad política con el oficialismo podría poner en jaque la confianza ciudadana en las FFAA como árbitros imparciales".
Hasta este lunes 11 de noviembre, el CNE no ha emitido una respuesta oficial a la petición de Borjas, aunque fuentes del ente electoral reiteran su compromiso con la legalidad. Por su parte, portavoces militares han reafirmado el apego a la institucionalidad, sin abordar directamente las acusaciones de salud o conducta. En redes sociales, la declaración ha generado un torbellino de reacciones: desde apoyo a la "valentía" de Borjas por parte de analistas opositores, hasta memes y cuestionamientos sensacionalistas como "¿Roosevelt Hernández está loco?" en publicaciones virales. El Observatorio Nacional de los Derechos Electorales (ONDE) ha instado a una investigación independiente para evaluar cualquier sesgo en el apoyo militar al proceso.
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