Amparo contra el estado de excepción en Honduras: Urgencia judicial a cinco días de las elecciones generales
Tegucigalpa, Honduras – Con solo cinco días para las elecciones generales del 30 de noviembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene en suspenso un recurso de amparo interpuesto contra la prórroga del estado de excepción parcial, decretado mediante el Ejecutivo PCM-37-2025. El abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), presentó la acción en su nombre y el de "la mayoría del pueblo hondureño", alegando violaciones a derechos fundamentales en un contexto de creciente tensión política. Aunque tres magistrados han avalado su admisión con suspensión provisional, la falta de consenso impide una resolución inmediata, avivando temores de un proceso electoral bajo restricciones que podrían limitar la libertad de voto.
Antecedentes: El decreto que suspende garantías constitucionales
El Decreto Ejecutivo PCM-37-2025, publicado el 12 de noviembre en La Gaceta, extiende por 45 días –hasta el 26 de diciembre– el estado de excepción parcial declarado originalmente en diciembre de 2022 por la administración de la presidenta Xiomara Castro. Esta medida, justificada como herramienta para combatir el crimen organizado, la extorsión y las maras, suspende seis garantías constitucionales clave, entre ellas:
- La inviolabilidad del domicilio (permite allanamientos sin orden judicial previa).
- La libertad de locomoción (restricciones a reuniones y concentraciones públicas).
- La libertad de asociación y reunión.
- El derecho a la defensa y el debido proceso en ciertos casos.
- Intervenciones en comunicaciones privadas sin autorización.
A diferencia de extensiones anteriores, esta prórroga no incluye toque de queda, permitiendo la circulación libre de personas, pero prohíbe manifestaciones no autorizadas y faculta a las fuerzas de seguridad para actuar con mayor celeridad. El gobierno argumenta que ha reducido la extorsión en un 30% en zonas urbanas, pero críticos, incluyendo organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, lo tildan de "medida autoritaria" que erosiona el Estado de derecho, especialmente al coincidir con el clímax electoral.
Esta es la vigésima quinta extensión del régimen excepcional, que ha sido prorrogado casi ininterrumpidamente desde su inicio. Dos recursos adicionales contra el decreto han sido presentados ante la Sala Constitucional, reflejando un descontento generalizado entre sectores opositores y civiles.
El amparo: Una defensa colectiva de derechos en vísperas electorales
Solórzano, reconocido jurista y líder del CAH, interpuso el amparo el pasado viernes, solicitando la suspensión inmediata del decreto por "no cumplir con los requisitos del artículo 187 de la Constitución", que exige proporcionalidad y temporalidad en medidas de excepción. En su declaración pública, difundida ampliamente en redes sociales, el abogado enfatizó: "Esta acción la presenté en mi nombre y en el de la mayoría del pueblo hondureño, porque todos estamos siendo afectados por una medida que restringe derechos y libertades fundamentales, precisamente a pocos días de las elecciones generales".
Hasta el momento, según fuentes cercanas al proceso, tres magistrados han firmado a favor de la admisión y suspensión: Isabela Bustillo Hernández, Luis Fernando Padilla Castellanos y Francisca Villela Zavala. Sin embargo, los restantes –Sonia Marlina Dubón Villeda (de afinidad con el Partido Libertad y Refundación, Libre, en el poder) y Wagner Vallecillo Paredes (vinculado al Partido Liberal)– han solicitado más tiempo para estudiar el expediente, desistiendo de pronunciarse en la sesión plenaria inicial. El portavoz de la CSJ, Carlos Silva, desmintió rumores de admisión formal: "No ha sido admitido con suspensión del acto reclamado; se filtró la posición de tres magistrados, pero dos no la comparten aún".
La Sala, presidida por Padilla desde abril de 2025, convocó una nueva reunión para este martes 26 de noviembre, pero la urgencia es palpable. "Ojalá que la resolución se emita con la urgencia que el país exige, porque faltan apenas cinco días para las elecciones, y la justicia tardía también puede causar daños irreparables", advirtió Solórzano, subrayando que el amparo busca "defender el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos de todos los hondureños".
Contexto electoral: Tensiones y favoritos en la contienda
Las elecciones del 30 de noviembre renovarán la Presidencia, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 eurodiputados y 298 alcaldías, en un ambiente marcado por denuncias de fraude, presiones al Consejo Nacional Electoral (CNE) y presencia de observadores internacionales de la OEA, la UE y EE.UU. . Las encuestas recientes posicionan a Salvador Nasralla (Partido Liberal, PLH) como favorito, con hasta 45% de intención de voto, seguido por Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional, PNH) con 35% y Rixi Moncada (Libre), la candidata oficialista, con 20%. Otros aspirantes, como Pelede Pinto (Partido de Innovación y Unidad) y Jorge Cálix (ex-Libre), tienen menos del 5%.
Nasralla, exvicepresidente y figura opositora, ha calificado el estado de excepción como "una trampa para intimidar al votante", alineándose con el amparo de Solórzano. En conferencias recientes, el liberal ha prometido romper relaciones con Venezuela y adoptar modelos de seguridad inspirados en El Salvador de Nayib Bukele. Por su parte, el gobierno de Castro defiende la medida como "necesaria para elecciones seguras", mientras el ministro de Seguridad, Gustavo Villafranca, minimiza impactos: "No hay restricciones al voto; el foco es el crimen, no la política".
La oposición, incluyendo al PNH, acusa al oficialismo de usar el decreto para "sembrar miedo" y manipular el proceso, con reportes de cierre de carreteras y acoso a líderes locales. La consejera del CNE, Cossette López, alertó a la OEA sobre "crisis electoral" por presiones internas, elevando la apuesta internacional.
Reacciones: Apoyo opositor y defensa gubernamental
El amparo ha polarizado opiniones. El PLH y PNH lo respaldan públicamente, con Nasralla declarando: "Honduras no puede depender de un estado de excepción eterno; es hora de votar en libertad". Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional han instado a la CSJ a actuar con celeridad, advirtiendo de "daños irreparables" a la democracia.
Desde el oficialismo, la diputada Iris Banegas (Libre) lo tacha de "maniobra dilatoria" de la oposición para desestabilizar: "El estado de excepción salva vidas; el amparo solo beneficia a extorsionadores". El CAH, por su parte, ha convocado a una vigilia jurídica este miércoles ante la CSJ, exigiendo transparencia.
Expectativas: ¿Libertad o continuidad en la sombra?
Con la Sala Constitucional al borde de una decisión histórica, Honduras contiene el aliento. Una admisión con suspensión liberaría las restricciones a tiempo para el sufragio, potenciando la participación en un país donde el 60% de la población vive en pobreza y el crimen sigue asfixiando la cotidianidad. De no resolverse, el decreto PCM-37-2025 podría proyectar su sombra sobre las urnas, alimentando dudas sobre la legitimidad del resultado.
Solórzano confía en la Constitución: "Actuarán conforme a ella y otorgarán el amparo en nombre de todos". Mientras, millones de hondureños esperan votar "en libertad, sin limitaciones ni temores". La justicia, en este cruce de caminos, definirá no solo derechos, sino el futuro de la nación centroamericana.