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El caso conocido como "Caso PRAF" involucra una presunta estructura de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) de Honduras, donde se acusa a decenas de personas de desviar fondos destinados a programas sociales para la capacitación de jóvenes y mujeres en extrema pobreza. Los recursos provenían principalmente de los programas Bono Juvenil y Programa DiMujer, que buscaban ofrecer formación en oficios y carreras técnicas para fomentar el emprendimiento. El esquema de fraude se ejecutó entre 2010 y 2014, afectando a miles de beneficiarios potenciales y causando un perjuicio económico al Estado de L. 96,976,218.21 (más de 96 millones de lempiras).
Descripción Detallada del Fraude
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los acusados se confabularon para adjudicar 596 contratos de manera directa a empresas y ONG sin capacidad técnica real (denominadas "empresas de relleno"). Para evadir los procesos de licitación pública, fragmentaron las contrataciones en montos menores. Posteriormente, fabricaron informes falsos de capacitaciones que nunca se realizaron o que se llevaron a cabo en condiciones deficientes, lo que permitió la ejecución total de los pagos. Esto resultó en un desfalco millonario al erario público, privando a jóvenes y mujeres vulnerables de oportunidades de desarrollo.
Los cargos imputados son:
- Fraude.
- Falsificación de documentos públicos.
- Violación de los deberes de los funcionarios públicos.
El caso se tramita en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, bajo la dirección de un juez especializado.
Acusados Principales
Inicialmente, la FETCCOP presentó un requerimiento fiscal contra 38 a 40 personas, incluyendo exfuncionarios del PRAF, empleados, representantes de empresas y ONG. En la audiencia inicial, se procesa a 33 acusados. A continuación, una tabla con los nombres clave identificados en las fuentes (la lista completa no se detalla públicamente en todos los reportes, pero incluye a 37 personas adicionales no nombradas individualmente):
| Nombre | Cargo/Rol | Notas |
|---|---|---|
| Ángel Paz Alvarenga | Exgerente administrativo del PRAF | Principal imputado, acusado de liderar la estructura. |
| Raúl Salgado Zelaya | Exjefe del Bono Juvenil | Involucrado en la adjudicación de contratos fraudulentos. |
| Sandra Solano Aguirre | Exjefa del Programa DiMujer | Responsable de programas afectados. |
| Carlos Fiallos Corea | Empleado/representante | Se presentó voluntariamente; su defensa alega que actuó como testigo previo y siguió órdenes superiores. |
- Otros detalles sobre acusados: De los 40 iniciales, 23 se presentaron voluntariamente ante el juzgado en febrero de 2025, recibiendo medidas sustitutivas a la prisión (como presentación periódica y arraigo). Quedaron 13 pendientes, algunos con solicitudes de presentación en trámite. Una persona vinculada al PRAF no es juzgada por fallecimiento. Defensores argumentan que muchos imputados son de "procedencia humilde" y solo obedecían a altos ejecutivos, y que las compras directas eran legales en 2010 para montos menores bajo la ley de presupuesto de entonces.
Cronología de Eventos Judiciales
El proceso ha avanzado de manera intermitente, con la audiencia inicial en desarrollo. Aquí un resumen cronológico basado en reportes disponibles:
| Fecha | Evento Principal |
|---|---|
| 2010-2014 | Período de ejecución del fraude (adjudicación de 596 contratos). |
| 12 de febrero de 2025 | Presentación del requerimiento fiscal contra 38 personas por la FETCCOP. |
| 19 de febrero de 2025 | Acusación formal a 40 personas; 23 se presentan voluntariamente y reciben medidas sustitutivas (no detención judicial). Audiencia inicial programada para el 5 de marzo. |
| 24 de febrero de 2025 | Más imputados se presentan ante el Ministerio Público. |
| 5 de marzo de 2025 | Inicio de la audiencia inicial (detalles no ampliados en fuentes). |
| 24-25 de junio de 2025 | Tercer día de la audiencia inicial: Evacuación de medios de prueba por la defensa, objeciones a pruebas del Ministerio Público. |
| 13 de agosto de 2025 | Programada continuación de la audiencia inicial a las 9:00 a.m. (tercer día reportado; no se encontraron actualizaciones públicas posteriores). |
Hasta la fecha actual (16 de octubre de 2025), no se hallaron reportes públicos sobre el desarrollo de la audiencia del 13 de agosto ni avances subsiguientes. El proceso continúa en fase de audiencia inicial, con énfasis en la revisión de pruebas. Fuentes oficiales como el Poder Judicial y el Ministerio Público no han emitido actualizaciones recientes en redes o sitios web accesibles.
Contexto Adicional y Repercusiones
- Impacto social: El desvío afectó directamente a jóvenes y mujeres en extrema pobreza, impidiéndoles acceder a capacitaciones que podrían haber impulsado su independencia económica.
- Defensas: Abogados como Jaime Rodríguez, Fernando Gonzales y Francisco Pascua cuestionan la acusación, alegando sesgos y que el caso ignora el contexto legal de la época (compras directas permitidas). Critican la inclusión de "personas sin relación directa" y piden enfocarse en altos ejecutivos.
- Portavoces: Bárbara Castillo (Poder Judicial) confirmó las presentaciones voluntarias.