La capital de Estados Unidos es única en muchos aspectos, y en especial en el administrativo, político y legal.
Washington DC (Distrito de Columbia) carece de representante con voto en el Congreso -a diferencia de los 50 estados de la Unión-, no elabora su propio presupuesto ni puede aprobar leyes locales de manera definitiva.
Y, pese a contar con un departamento de policía propio, su elevada dependencia de las instituciones federales ha permitido al presidente Donald Trump asumir el control de la lucha contra la delincuencia en la ciudad de manera relativamente fácil.
En una acción sin precedentes, y pese a las protestas de las autoridades locales, Trump ordenó el lunes desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC y poner bajo control federal a la policía capitalina, además de exigir a los indigentes que desocupen la vía pública.
Para justificar su orden, el mandatario argumentó que la ciudad es una de las más peligrosas de EE.UU., con elevadas tasas de robos y homicidios.
La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, consideró injustificada la intervención de la Guardia Nacional, que calificó como una medida "inquietante y sin precedentes".
Las autoridades capitalinas alegan que, desde que en 2023 se produjera un grave repunte del crimen, la tendencia es descendente en casi todos los delitos.
Por otra parte, la medida de Trump ha dado alas a la vieja reivindicación de Washington DC de abandonar su estatus especial e igualarse con el resto de urbes de Estados Unidos en autonomía y representatividad.
Analizamos en qué consiste el régimen legal que hace diferente a Washington DC y que ha facilitado la intervención de Trump.
Por qué es diferente
Washington DC tiene un estatus administrativo único: no pertenece a ninguno de los 50 estados, sino que es un distrito federal bajo jurisdicción directa del Congreso de Estados Unidos por orden de la vigente Constitución de 1787.
La Carta Magna estableció que, dada la necesidad de mantener un lugar neutral para llevar a cabo las funciones del gobierno federal, garantizando su seguridad y funcionamiento, la capital no debía ser un estado sino un distrito bajo la jurisdicción del Congreso.
Tras décadas de presión para ampliar los derechos democráticos de sus residentes, en 1973 el parlamento bicameral aprobó una ley que permitió a la ciudad elegir a su propio alcalde y al Concejo del Distrito de Columbia, órgano legislativo para gestionar asuntos locales.