Cancelación
del TPSEl TPS es un programa migratorio creado en 1990 por el gobierno de
Estados Unidos que otorga permisos temporales de residencia y trabajo a
ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u
otras condiciones extraordinarias que impidan su retorno seguro. Honduras fue
designada para el TPS en 1999 tras el devastador impacto del huracán Mitch en
1998, beneficiando a aproximadamente 55,000 a 72,000 hondureños que residen en
EE. UU..
El 7 de
julio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem,
anunció la cancelación del TPS para Honduras, argumentando que las condiciones
en el país han mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos hondureños
puedan regresar de manera segura. La cancelación estaba programada para entrar
en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, es decir, el
8 de septiembre de 2025. Sin embargo, el 31 de julio de 2025, una jueza
del Tribunal de Distrito del Norte de California, Trina L. Thompson, emitió una
orden en el caso National TPS Alliance v. Noem que pospuso la terminación del
TPS hasta el 18 de noviembre de 2025, para permitir una revisión judicial más
exhaustiva.
No obstante, el 20 de agosto de 2025, un panel de tres
jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió esta orden
judicial, restableciendo la fecha original de terminación del TPS para Honduras
al 8 de septiembre de 2025. Esto significa que, a menos que haya una nueva
intervención judicial o una decisión administrativa, los beneficiarios del TPS
perderán su estatus legal y autorización de trabajo en esa fecha.
Reacción de la Presidenta Xiomara CastroLa presidenta de
Honduras, Xiomara Castro, reaccionó a la cancelación del TPS con un mensaje
dirigido a los hondureños afectados, destacando la importancia de la unidad y
la solidaridad. Aunque no se detalla el contenido exacto de su mensaje en las
fuentes disponibles, se sabe que anunció asistencia consular gratuita para los
migrantes afectados, con el objetivo de apoyarlos en la regularización de su
estatus migratorio o en la preparación para un eventual retorno al país. Esta
asistencia incluye orientación legal para explorar otras opciones migratorias,
como solicitudes de asilo, residencia permanente (Green Card) u otras visas,
según la elegibilidad de cada persona.
Castro también ha enfatizado la colaboración con el gobierno
de EE. UU. para facilitar una transición ordenada, aunque ha expresado
preocupación por el impacto económico y social que esta decisión tendrá en
Honduras, especialmente debido a la contribución de las remesas, que
representan más del 20% del PIB del país. En un contexto más amplio, su
gobierno ha abogado por políticas que refuercen la protección de los derechos
de los migrantes y ha solicitado al gobierno hondureño que prepare mecanismos
para recibir a los retornados, aunque se reconoce que el país enfrenta desafíos
significativos en términos de desempleo, inseguridad y falta de infraestructura
para absorber a miles de personas.
Implicaciones para los Beneficiarios del TPSLa cancelación
del TPS afecta a decenas de miles de hondureños que han vivido en EE. UU.
durante más de 25 años, muchos de los cuales tienen familias establecidas,
hijos ciudadanos estadounidenses, negocios y empleos que contribuyen a la
economía local. Las principales consecuencias incluyen:
- Pérdida
de Estatus Legal: A partir del 8 de septiembre de 2025, los beneficiarios
del TPS que no regularicen su situación migratoria quedarán en estatus de
indocumentados, lo que los expone al riesgo de detención y deportación.
- Pérdida
de Autorización de Trabajo: Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD)
con categorías A-12 o C-19, emitidos bajo el TPS de Honduras, fueron
extendidos automáticamente hasta el 8 de septiembre de 2025. Después de
esta fecha, los beneficiarios no podrán trabajar legalmente a menos que
obtengan otro tipo de autorización.
- Impacto
Familiar y Económico: Organizaciones como el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (Conadeh) han advertido sobre la posible ruptura de
familias, ya que muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en EE. UU. que
podrían quedar separados de sus padres en caso de deportación. Además, las
remesas enviadas por estos migrantes son vitales para la economía
hondureña, y su retorno podría agravar las condiciones de desempleo y
pobreza en el país.
- Opciones
Migratorias Limitadas: Los beneficiarios pueden explorar otras vías
migratorias, como el asilo o la residencia permanente, pero estas opciones
tienen requisitos estrictos. Por ejemplo, el TPS se considera una
"circunstancia extraordinaria" que suspende el plazo de un año
para solicitar asilo, pero no todos los beneficiarios cumplirán con los
criterios de persecución requeridos para el asilo. Asimismo, solicitar una
Green Card requiere una admisión legal previa, lo que excluye a quienes
ingresaron sin autorización.
Respuesta del Gobierno de Honduras y OrganizacionesEl
gobierno de Xiomara Castro, a través de la Cancillería y consulados en EE. UU.,
ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar asistencia a los afectados. El
Conadeh, por su parte, ha instado al gobierno a crear mecanismos de respuesta
para recibir a los retornados, destacando la necesidad de programas de
reintegración que aborden el desempleo, la inseguridad y la falta de acceso a
servicios básicos como salud y vivienda. La coordinadora de la Defensoría de
Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, señaló que muchos hondureños no están
preparados para regresar y temen la desintegración familiar.
Organizaciones de derechos humanos y de migrantes, como la
Alianza Nacional TPS, han criticado la decisión de cancelar el TPS,
argumentando que Honduras no tiene las condiciones para garantizar un retorno
seguro debido a la persistente inseguridad, violencia de pandillas y crisis
económica. Estas organizaciones han presentado demandas judiciales, como la
mencionada National TPS Alliance v. Noem, para intentar revertir la
cancelación, aunque la reciente decisión de la Corte del Noveno Circuito ha
debilitado estas esfuerzos.
Acciones Recomendadas para los BeneficiariosEl Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) y organizaciones de apoyo han
recomendado a los beneficiarios del TPS tomar las siguientes medidas antes del
8 de septiembre de 2025:
- Consultar
con Abogados de Inmigración: Es crucial buscar asesoría legal para evaluar
opciones como asilo, residencia permanente o visas basadas en vínculos
familiares (por ejemplo, si tienen hijos mayores de edad ciudadanos
estadounidenses). USCIS ofrece una lista de proveedores de servicios
legales gratuitos o de bajo costo en su página web.
- Utilizar
la Asistencia Consular: Los consulados hondureños en EE. UU. están
ofreciendo asistencia gratuita para orientar a los migrantes sobre sus
opciones y preparar documentación necesaria.
- Prepararse
para el Retorno: Aunque muchos beneficiarios desean permanecer en EE. UU.,
aquellos que consideren regresar a Honduras deben coordinar con las
autoridades consulares y explorar programas de reintegración en el país.
- Documentar
Salidas: USCIS requiere que los beneficiarios informen de cualquier salida
de EE. UU. desde las fechas de presencia física continua (CPP) y
residencia continua (CR), ya que salidas no autorizadas podrían afectar la
elegibilidad para otros beneficios migratorios.
Reacciones en la Opinión Pública y en XEn la plataforma X,
se han observado diversas reacciones relacionadas con la cancelación del TPS y
la respuesta del gobierno hondureño. Por ejemplo, un usuario expresó críticas
al gobierno de Xiomara Castro por no abordar los cuestionamientos éticos de la
cancelación del TPS, sugiriendo que las comunicaciones oficiales son más un
intento de "manejar la crisis" que de ofrecer soluciones concretas.
Otros usuarios han destacado la importancia de las remesas y el impacto
económico que la deportación masiva podría tener en Honduras, así como la
necesidad de una respuesta más robusta por parte del gobierno para apoyar a los
retornados.Perspectivas FuturasAunque la cancelación del TPS está programada
para el 8 de septiembre de 2025, aún existe la posibilidad de que nuevas
acciones judiciales o decisiones administrativas extiendan el plazo o reviertan
la medida. La Alianza Nacional TPS y otras organizaciones continúan apelando la
decisión, y una audiencia programada para noviembre podría influir en el futuro
del programa. Sin embargo, el panorama actual es de incertidumbre, y los
beneficiarios enfrentan un plazo crítico para regularizar su situación.
El gobierno de Honduras, por su parte, enfrenta el desafío
de preparar al país para un posible retorno masivo de migrantes, en un contexto
de altas tasas de desempleo (alrededor del 7-8% según estimaciones recientes) y
violencia persistente. La asistencia consular gratuita es un paso positivo,
pero se necesitarán políticas integrales de reintegración para mitigar el
impacto social y económico.ConclusiónLa cancelación del TPS para Honduras,
efectiva el 8 de septiembre de 2025, representa un desafío significativo para
miles de migrantes hondureños y sus familias, así como para la economía del
país. La presidenta Xiomara Castro ha respondido con un llamado a la unidad y
la oferta de asistencia consular gratuita, pero las limitaciones estructurales
de Honduras dificultan la preparación para un retorno masivo. Los beneficiarios
deben actuar rápidamente para explorar opciones migratorias legales en EE. UU.,
mientras que el gobierno hondureño debe fortalecer sus mecanismos de apoyo para
los retornados. Para información actualizada, los afectados pueden visitar
sitios oficiales como www.uscis.gov
o www.laprensa.hn, y
contactar a los consulados hondureños en EE. UU..
