El diputado
Nelson Márquez, representante del Partido Nacional por el departamento de
Intibucá y subjefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional de
Honduras, expresó su intención de reincorporarse a sus funciones legislativas
en los próximos días, a pesar de estar enfrentando un proceso judicial por el
presunto delito de fraude en perjuicio del Estado. A continuación, se presenta
un análisis detallado y exhaustivo sobre esta situación, integrando información
de las fuentes disponibles, el contexto político y judicial, y una evaluación
crítica, siguiendo las directrices establecidas.Contexto del casoAcusación
contra Nelson Márquez:Delito: Márquez está acusado por el Ministerio Público
(MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción
(UFERCO), de participar en un esquema de fraude que habría causado un perjuicio
de más de 3,084 millones de lempiras (aproximadamente 117.4 millones de
dólares) al Estado hondureño. El caso se remonta al año 2000, tras el huracán
Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC
Inc., no autorizada para operar en Honduras, que subcontrató ilegalmente a la
empresa hondureña NAINSA. Ambas empresas habrían presentado demandas
fraudulentas basadas en un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
Rol de
Márquez: En enero de 2020, como secretario de la Secretaría de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), Márquez remitió un informe legal a
la Procuraduría General de la República (PGR) recomendando un acuerdo
extrajudicial con NAINSA para evitar una "erogación mayor". Este
acuerdo resultó en pagos millonarios irregulares, según el MP.
Otros
imputados: Además de Márquez, el caso involucra a exfuncionarios, jueces y
abogados, como Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama,
Caronte Rojas Zavala, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, y Rafael Eduardo Chávez
Aguilar, acusados de delitos como fraude, falsificación de documentos públicos
y prevaricato judicial.
Desarrollo
del proceso judicial:Captura: Márquez fue detenido el 29 de julio de 2025 por
la Policía Nacional, junto con otros implicados, tras un requerimiento fiscal
presentado por UFERCO.
Detención
judicial: El 30 de julio de 2025, un juez natural dictó detención judicial para
Márquez y otros cuatro imputados, quienes fueron trasladados a la Penitenciaría
Nacional de Támara. Rafael Eduardo Chávez Aguilar recibió medidas cautelares
distintas debido a su avanzada edad.
Arresto
domiciliario: El 5 de agosto de 2025, el juez otorgó arresto domiciliario a
Márquez y otros seis imputados, tras la solicitud del MP de suspenderlo
temporalmente de su cargo en el Congreso Nacional, argumentando que su
permanencia podría obstaculizar la investigación.
Audiencia
inicial: La audiencia inicial comenzó el 12 de agosto de 2025, pero fue
suspendida y reanudada el 14 y 29 de agosto. Márquez ha asistido a estas
audiencias, defendiendo su inocencia y asegurando que no tiene vinculación con
los 2,800 millones de lempiras mencionados y que actuó de buena fe.
Declaración
de Márquez:Márquez ha manifestado su intención de reincorporarse al Congreso
Nacional, argumentando que fue elegido por el pueblo de Intibucá para
representarlo. En sus comparecencias, ha enfatizado su compromiso con la
transparencia, declarando: “Estamos aquí cumpliendo con las instrucciones y
cumpliéndole al pueblo porque esto hay que llevarlo de frente, confiamos en que
los procesos se darán y demostraremos que siempre se actuó de buena fe”.
Durante una
audiencia el 5 de agosto de 2025, llegó a la CSJ gritando “¡Viva Honduras!”,
mostrando una postura desafiante y reafirmando su inocencia.
Ha negado
cualquier manejo indebido de fondos, afirmando que los 2,800 millones de
lempiras no están vinculados a su gestión y que sus abogados demostrarán su
inocencia.