El caso Pandora, presentado en junio de
2018 por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC)
con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH), es uno de los casos de corrupción más emblemáticos en
Honduras. Este caso reveló una red de malversación de 282 millones de lempiras
(aproximadamente 12 millones de dólares) entre 2012 y 2013, desviados desde la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de las fundaciones
Dibattista y Todos Somos Honduras. Estos fondos, destinados originalmente a
proyectos agrícolas para comunidades vulnerables en el corredor seco, como
mujeres solteras y campesinos, fueron utilizados para financiar campañas políticas
de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio Político Electoral en
Resistencia (FAPER) durante las elecciones de 2013, así como para gastos
personales de los implicados.
Entre los
38 imputados iniciales se encuentran políticos de alto perfil, incluyendo cinco
deputados, un exalcalde, un exgobernador, exministros, y el exesposo de Hilda
Hernández, hermana fallecida del expresidente Juan Orlando Hernández. La
investigación también señaló al expresidente Porfirio Lobo Sosa y a Juan
Orlando Hernández, junto con funcionarios de la Secretaría de Finanzas (Sefin),
por aprobar irregularmente los fondos desviados.
Avances en
la Investigación (Agosto 2025)El fiscal Luis Javier Santos, jefe de UFERCO,
confirmó el 20 de agosto de 2025 que el caso Pandora sigue activo, con
esfuerzos para declarar a un testigo clave que podría aportar pruebas
decisivas. Los avances más relevantes incluyen:
Líneas de
Investigación: UFERCO mantiene abiertas dos líneas principales de
investigación:La primera línea, presentada en 2018, se centra en el desvío
inicial de 282 millones de lempiras y la implicación de 38 personas. Sin
embargo, en agosto de 2020, una Corte de Apelaciones otorgó sobreseimiento
definitivo a 22 de los imputados, dejando solo a tres en juicio: Jacobo
Regalado Weizemblut (exministro de la SAG), Norma Keffy Montes Chandías
(gerente administrativa de la SAG) y Laura Aidée Arita Palma (contadora de las
fundaciones). Un recurso de amparo presentado por la Central Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC) en octubre de 2021 sigue pendiente en la Sala
Constitucional, lo que podría reabrir el caso contra los sobreseídos.
La segunda
línea de investigación (Pandora II), anunciada en 2023, apunta al origen del
desvío, involucrando a funcionarios de alto nivel, como Lobo Sosa y Hernández,
y abarca posibles malversaciones de hasta 312 millones de lempiras, según
Santos. Esta línea incluye un recurso de apelación pendiente para determinar si
el caso avanza a juicio oral y público.
Testigo
Clave: Santos ha destacado que UFERCO trabaja para declarar a un testigo
protegido, posiblemente Fernando Suárez, quien ya aportó pruebas en 2018 y
afirmó haber contribuido con 200,000 lempiras para financiar la defensa de los
imputados. La declaración de este testigo podría esclarecer detalles sobre la
red de corrupción y los beneficiarios de los fondos, incluyendo propiedades
adquiridas que aún no han sido objeto de privación de dominio.
Escala del
Desvío: Según Santos, el caso Pandora es mucho más grande de lo inicialmente
estimado. Además de los 312 millones de lempiras de la SAG, se investigan
desvíos de otras instituciones, como el Seguro Social, el Patronato Nacional de
la Infancia, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), el Congreso
Nacional y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), con un
impacto potencial de miles de millones de lempiras.
ObstáculosSobreseimientos
y Blindaje Judicial: La exoneración de 22 imputados en 2020, calificada como un
“golpe letal” a la lucha anticorrupción, refleja la influencia de las élites
políticas y la complicidad del Poder Judicial. Reformas legales, como la
exigencia de un informe previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para
investigaciones del Ministerio Público, han obstaculizado el trabajo de UFERCO.
Salida de
la MACCIH: La disolución de la MACCIH en enero de 2020 dejó a UFERCO sin apoyo
internacional, con recortes de personal y presupuesto que limitan su capacidad
investigativa.
Impunidad:
La lentitud del Poder Judicial, que mantiene engavetado el recurso de amparo
desde 2021, y la posible liberación de imputados como Jacobo Regalado y
Fernando Suárez por el límite de prisión preventiva (dos años y medio)
refuerzan la percepción de impunidad.
ReaccionesVíctimas
y Sociedad Civil: Organizaciones como la CNTC, el Consejo para el Desarrollo
Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) y el Centro de Estudio para la
Democracia (CESPAD) han exigido justicia para las comunidades campesinas
afectadas, que perdieron proyectos agrícolas esenciales. En un conversatorio en
abril de 2024, se destacó la necesidad de reconocer a los campesinos como
víctimas y garantizar reparaciones.
Luis Javier
Santos: El fiscal ha denunciado la protección de las élites políticas,
señalando que el Congreso Nacional ha aprobado leyes para blindar a los
corruptos, como reformas al Código Penal y restricciones al acceso a
información financiera.
En X:
Usuarios como @Luis_Santos_C
(presumiblemente el propio fiscal) han
destacado avances en otras investigaciones de corrupción, como un caso de 30
millones de lempiras, pero también han señalado la impunidad en Pandora,
criticando resoluciones judiciales que favorecen a los imputados.
@JSandoval1982
denunció en septiembre de 2024 simulaciones de
servicios profesionales para justificar desvíos, reflejando la frustración
pública.
ImplicacionesImpacto
Social: El desvío de fondos privó a comunidades vulnerables de proyectos
agrícolas, exacerbando la pobreza y la migración hacia EE. UU.
Lucha
Anticorrupción: La falta de avances en Pandora refuerza la percepción de
impunidad, debilitando la confianza en instituciones como el Ministerio Público
y el Poder Judicial.
Política:
La implicación de figuras como Lobo Sosa y Hernández pone en riesgo la
credibilidad del Partido Nacional, mientras que la oposición podría usar el
caso para cuestionar al gobierno actual de Xiomara Castro, a pesar de no estar
directamente implicado