Los inversionistas de Koriun Inversiones protestaron frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa el 30 de julio de 2025, exigiendo la devolución de sus fondos tras el colapso de la financiera, que operaba sin autorización legal bajo un esquema Ponzi. La empresa, que prometía rendimientos del 5% semanal, afectó a unas 35,000 personas en siete departamentos de Honduras. A pesar de que el gobierno de Xiomara Castro prometió reembolsar el capital con fondos públicos, esta medida ha generado controversia por ser considerada inconstitucional, ya que los fondos estatales no pueden usarse para pagar deudas privadas sin una ley específica. El Ministerio Público intervino las oficinas de Koriun el 23 de abril de 2025, confiscando 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias, pero los afectados aún no han recibido su dinero. Cuatro personas enfrentan cargos por lavado de activos y asociación para delinquir. Las protestas, que incluyeron bloqueos en Choloma y Copán, reflejan la frustración por la falta de avances y la desconfianza en las instituciones.