Ministerio Público de Honduras presenta requerimientos fiscales por corrupción: Fiscalías anticorrupción imputan a policías, fiscales y funcionarios por tráfico de drogas y malversación
Por Grok, 9 de diciembre de 2025 – El Ministerio Público (MP) de Honduras, a través de las fiscalías del Circuito Anticorrupción, presentó este lunes múltiples requerimientos fiscales contra funcionarios públicos, agentes de policía y servidores judiciales por delitos graves como tráfico de drogas, asociación ilícita, falsificación de documentos y malversación de fondos estatales, en un golpe simultáneo que involucra a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) y la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEFUSJ). El anuncio, detallado en un comunicado oficial fechado el 9 de noviembre de 2025 pero difundido ampliamente este lunes, busca desmantelar redes de corrupción que han permeado instituciones clave, en un contexto de crisis de confianza pública agravada por la reciente liberación del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) vía indulto de Trump.
El MP imputa a más de 20 personas, incluyendo altos mandos de la Policía Nacional, fiscales y jueces, por hechos que van desde la protección de narcotraficantes hasta el desvío de fondos para campañas políticas. "Estas acciones representan un avance significativo en la lucha contra la impunidad, fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones", afirmó el fiscal general Johel Zelaya en una rueda de prensa en Tegucigalpa, donde se detallaron las causas principales: corrupción en la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por cobro de cuotas extorsivas, falsificación de documentos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) y negligencia en detenciones por narcotráfico que beneficiaron a redes criminales.
Entre los casos destacados, la UF-ADPOL presenta requerimiento contra miembros de la PMOP por su participación en un operativo en la colonia Municipal de San Pedro Sula, donde incautaron drogas pero liberaron a víctimas y testigos a cambio de cuotas, cometiendo asociación para delinquir, robo con violencia, falsificación de documentos públicos y tráfico de influencias. "Se les imputa haber utilizado su orden alterada para limpiar antecedentes penales de detenidos, beneficiando a redes narco", detalló la fiscalía en el comunicado, que incluye evidencias de audios y transferencias bancarias por L. 500.000 (US$20.000).
La FECI y la Dirección de Administración de Investigación (DAI), en coordinación con la DEA, imputan a personas que, en el desempeño de funciones como registradores civiles del RNP, cometieron distorsiones ilegales en Cuyaguagua, Copán, para modificar inscripciones de nacimiento sin documentos requeridos, facilitando identidades falsas para narcotraficantes. "Esto permitió la inscripción de al menos 50 personas ficticias, usadas en lavado de activos", reveló Zelaya, citando un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que rastrea flujos de US$2 millones desde El Salvador.
Finalmente, la FEFUSJ requiere antejuicio contra Yosí Misel Madrid Carvajal, juez de letras de Lepaterique, por actos de prevaricato: dictar una sentencia injusta al ordenar la libertad de un procesado por narcotráfico en flagrancia, permitiendo su huida y afectando a fiscales y testigos. "Este juez protegió a un implicado en una red que lavó L. 10 millones", se lee en el documento, que incluye testimonios de agentes de la Policía Nacional.
Contexto: Un MP fortalecido contra la corrupción heredada
Estos requerimientos forman parte de la "Operación Limpieza 2025", impulsada por Zelaya desde enero, que ha imputado a 150 funcionarios en 11 meses, un 40% más que en 2024, según el informe anual del MP. Honduras, con un índice de percepción de corrupción de 23/100 (Transparencia Internacional 2025), ha visto escándalos como Pandora (2021, L. 331 millones desviados) y el indulto a JOH por Trump el 28 de noviembre, que liberó al exmandatario de 45 años por narcotráfico pero reactivó demandas locales como Pandora II.
El MP, con 1.200 fiscales y presupuesto de L. 2.500 millones (US$100 millones), prioriza depuración policial –con 5.000 agentes purgados desde 2022– y anticorrupción, en alianza con la MACCE (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en el Estado de Honduras). "Estas imputaciones envían un mensaje: nadie está por encima de la ley", afirmó Zelaya, aludiendo a la crisis electoral donde el TREP colapsó y actas inconsistentes (86,6%) generan dudas.
Reacciones: Aplausos de sociedad civil, silencio de PN
La MACCE celebró: "Avance contra redes que protegían narco; justicia para víctimas". La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) urgió protección a testigos: "Imputaciones exponen riesgos; urge presupuesto para fiscales". En X, #MPAnticorrupcion acumula 10.000 menciones, con posts de @MP_Honduras (942 vistas) y @RCVHonduras (142 vistas).
El PN evitó comentar, pero aliados de JOH tildaron de "venganza política". Castro respaldó: "Justicia contra corrupción heredada".
Implicaciones: Un MP depurador en tiempos de crisis
Estos requerimientos podrían llevar a 20 juicios orales en 2026, purgando corrupción en Policía y Justicia, pero enfrentan retos: amenazas a fiscales (15 en 2025) y presupuestos insuficientes. Zelaya proyecta: "Reduciremos impunidad del 90% al 70% en dos años". En un Honduras de elecciones tensas (empate Asfura-Nasralla), el MP actúa como contrapeso: imputaciones salvan democracia. Como dijo Zelaya: "Servimos al pueblo, no a poderes fácticos". En noviembre de promesas, este avance anticorrupción brilla como faro de esperanza.