La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, utilizó un discurso firme para reclamar el fin de los golpes de Estado, de los fraudes electorales, de la intromisión extranjera, de la venta del territorio nacional y de la corrupción, mensajes que se enmarcan en la crisis política y poselectoral que atraviesa el país. La mandataria también subrayó la lealtad de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus tareas constitucionales, en un contexto de tensión entre poderes del Estado y señalamientos de “golpe electoral en curso” y presiones externas sobre el proceso democrático hondureño.
Contexto político del mensaje
Las palabras de Xiomara Castro se producen tras las denuncias del Congreso Nacional sobre presuntas irregularidades en las elecciones generales del 30 de noviembre, así como sobre un intento de alterar la voluntad popular mediante fallas en la transmisión de resultados y decisiones controvertidas del ente electoral. En paralelo, sectores políticos han denunciado declaraciones de actores extranjeros, en especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una injerencia indebida en la política interna hondureña, lo que ha elevado la tensión institucional.
El llamado a poner fin a los golpes de Estado se vincula con la memoria del derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009, hecho que marcó profundamente la vida política del país y que el actual gobierno presenta como un punto de inflexión en la erosión democrática. La referencia explícita a fraudes y corrupción busca también conectar con el malestar ciudadano por múltiples escándalos que han salpicado a administraciones anteriores y debilitado la confianza en los comicios y en la gestión pública.
Mensaje a las Fuerzas Armadas
Al resaltar la lealtad de las Fuerzas Armadas, Castro envía una señal tanto hacia el interior como hacia el exterior del país, presentándolas como garantes del orden constitucional y no como actor golpista, en contraste con el rol que se les atribuyó en 2009. El énfasis en el “cumplimiento de las asignaciones y tareas constitucionales” pretende blindar al gobierno frente a rumores de desestabilización, al tiempo que reafirma la subordinación militar al poder civil.
Este respaldo público también puede interpretarse como un intento de mantener cohesión institucional en medio del conflicto por los resultados electorales y las denuncias de presiones externas, evitando que las fuerzas armadas sean arrastradas a la disputa entre partidos y poderes del Estado. Organismos y observadores regionales han insistido en que los conflictos poselectorales deben resolverse por vías pacíficas y legales, y el papel de las fuerzas militares como actores neutrales resulta clave para ese objetivo.
Rechazo a la intromisión extranjera
Cuando Castro reclama “no más intromisión extranjera”, alude de forma indirecta a los pronunciamientos recientes de Washington, especialmente a mensajes en los que se habrían condicionado remesas y cooperación al resultado electoral hondureño. Estas declaraciones han sido calificadas por el Congreso y por sectores del oficialismo como coacción sobre el electorado y una violación del principio de no intervención.
El gobierno busca colocar el debate en términos de soberanía y dignidad nacional, argumentando que ninguna potencia debe influir en decisiones internas como la elección de sus autoridades o la administración de su territorio. De esta manera, el discurso presidencial se convierte en una respuesta política tanto a las presiones externas como a las acusaciones de la oposición, reforzando la narrativa de defensa de la autodeterminación hondureña.
Territorio y corrupción en el centro del discurso
El rechazo a “la venta de nuestro territorio” se relaciona con polémicas heredadas sobre concesiones, zonas económicas especiales y proyectos que, según críticos, han cedido recursos estratégicos y espacios geográficos a intereses privados o extranjeros. Desde su llegada al poder, Castro ha prometido revisar y revertir algunos de esos acuerdos, presentándose como defensora del control nacional sobre los bienes públicos y el suelo hondureño.
Al unir la demanda de que no haya más corrupción con la exigencia de procesos electorales limpios, la presidenta intenta articular una agenda de reforma institucional que abarque tanto la transparencia en la administración del Estado como la credibilidad de los comicios. Este discurso busca consolidar apoyo social en un momento en que el país enfrenta una combinación de crisis política, desconfianza ciudadana y observación crítica de la comunidad internacional