El Ministerio Público de Honduras presentó un requerimiento fiscal en Puerto Cortés por un caso que, según la institución, atenta directamente contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. La acción penal se dirige contra Carlos Eduardo Llopis Hernández, a raíz de hechos ocurridos el 6 de agosto de 2025 en perjuicio de un periodista y de un operador técnico de un medio de comunicación local.
Hechos investigados
Según el comunicado oficial, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) sostiene que, tras comentarios emitidos por el periodista Cristian Joel Rowe en un programa informativo, el ciudadano Carlos Llopis se presentó a las instalaciones del medio. Allí habría cerrado con candado el portón principal, impidiendo la salida del periodista y del operador técnico Arnold Bejarano, lo que se considera coacciones y privación ilegal de la libertad. Además de la supuesta retención, se señala que el acto buscó intimidar al equipo de prensa por opiniones críticas difundidas al aire.
Mensajes posteriores y ánimo de censura
El documento agrega que, luego del incidente físico, el requerido envió mensajes ofensivos y discriminatorios dirigidos al periodista, así como un video en el que exhibía las llaves del candado utilizado para bloquear el acceso al canal. En dicho material, habría reconocido que su objetivo era impedir el funcionamiento normal de la señal para silenciar críticas, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, muestra un ánimo de censura y represalia frente a contenidos informativos incómodos. Estas conductas, recalca el Ministerio Público, trascienden un conflicto privado y se convierten en un ataque al derecho de toda la ciudadanía a estar informada.
Implicaciones para la libertad de expresión
Para la FEPRODDHH, el caso constituye una afectación directa al ejercicio periodístico y vulnera estándares constitucionales e interamericanos que protegen la libertad de expresión y el trabajo de periodistas y comunicadores sociales. La institución enfatiza que la intimidación, las amenazas y los intentos de callar a la prensa no solo dañan a las víctimas directas, sino que generan un efecto de autocensura que empobrece el debate público y el control ciudadano sobre los poderes públicos y privados. En ese marco, el requerimiento fiscal busca enviar el mensaje de que la utilización de la fuerza o la coacción para acallar voces críticas tendrá consecuencias penales.
Compromiso institucional y contexto
En el comunicado, divulgado el 10 de diciembre de 2025, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la defensa de periodistas y comunicadores sociales. Señala que su objetivo es garantizar que actos de intimidación, censura o presión indebida “no queden impunes”, en un contexto regional donde organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y de investigar con celeridad las agresiones contra la prensa. La acción emprendida en Puerto Cortés se presenta como un paso para consolidar la idea de que la crítica y el disenso son pilares democráticos y no delitos.