La Fiscalía hondureña obtuvo detención judicial para tres presuntos integrantes de una red de lavado de activos que habría movido más de 37 millones de lempiras producto de la extorsión mediante el uso de billeteras electrónicas y cuentas bancarias.
Capturas y audiencia inicial
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO) y la Unidad adscrita al Instituto Nacional Penitenciario, informó que los detenidos son Orlando José Lobo Mencía, Saúl Alfonso Mayorquín Cruz y Katy Julissa Gálvez Banegas, acusados del delito de lavado de activos. Fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) durante allanamientos simultáneos en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y en Juticalpa, Olancho; la audiencia inicial fue fijada para el 16 de diciembre a las 8:30 de la mañana.
Modus operandi de la red
Según la investigación, los sospechosos llamaban a propietarios de comercios y los amenazaban para que depositaran semanalmente sumas de dinero en cuentas bancarias y billeteras electrónicas registradas a su nombre, bajo la advertencia de causarles daño si no cumplían. Incluso se estableció que desde el centro penal de Támara se realizaron llamadas con tono intimidante, exigiendo a las víctimas transferencias y el envío de los comprobantes de depósito como supuesto respaldo de pago.
Movimientos financieros detectados
Un dictamen financiero reveló que uno de los imputados movió en el sistema bancario nacional más de 23.4 millones de lempiras en créditos y más de 23.2 millones en débitos, operados a través de nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica. Otra de las personas acusadas habría manejado en los últimos cinco años movimientos por entre 4.9 y 4.7 millones de lempiras, mientras que un tercer implicado no logró justificar más de 6.4 millones de lempiras, sumas que en conjunto superarían los 37 millones presuntamente lavados.
Reacciones y línea investigativa
Autoridades del Ministerio Público resaltan que este caso evidencia la adaptación de estructuras criminales al uso de plataformas financieras digitales, lo que obliga a reforzar los controles antilavado y la coordinación con el sistema bancario. La FESSCO y la ATIC mantienen abiertas otras líneas investigativas para identificar a posibles cómplices, rastrear bienes adquiridos producto de estas actividades ilícitas y documentar más víctimas que habrían sido obligadas a pagar extorsiones mediante transferencias electrónicas.