OEA Alerta: Acciones del Ministerio Público Amenazan la Autonomía Electoral en Honduras a Días de los Comicios Generales
Tegucigalpa, Honduras – 5 de noviembre de 2025 – En un comunicado que ha sacudido el ambiente preelectoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este martes su profunda preocupación por las acciones del Ministerio Público (MP) hondureño, las cuales, según el organismo, están socavando la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con menos de un mes para las elecciones generales del 30 de noviembre, el llamado urgente de la OEA a garantizar la seguridad de los funcionarios electorales y cesar cualquier medida que genere "incertidumbre o desestabilización" resuena como un freno de mano a la escalada de tensiones institucionales.
La declaración, firmada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, quien encabeza la misión, no deja lugar a ambigüedades. "Expresamos nuestra preocupación ante las acciones anunciadas por el Ministerio Público que debilitan la autonomía de las autoridades electorales", reza el texto oficial de la OEA, publicado en su portal web. La misión insta a las instituciones hondureñas a proteger a todos los funcionarios del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) contra "cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones", subrayando que tales intervenciones no solo erosionan la confianza pública en el proceso, sino que ponen en jaque la integridad democrática del país.
Un Patrón de Presiones que Data de Meses Atrás
Esta no es la primera advertencia de la OEA sobre irregularidades en el proceso electoral hondureño. Desde julio, la misión ha documentado un crescendo de interferencias que han llevado a algunos consejeros del CNE a considerar renunciar a sus cargos por "presiones externas e injerencias políticas", según un informe preliminar del 30 de julio. En ese momento, Loizaga ya había alertado sobre "denuncias de amedrentamiento" que impedían a las autoridades electorales enfocarse en tareas técnicas, como la logística de votación y el registro de candidatos.
La gota que colmó el vaso parece haber sido la reciente difusión de audios por parte del fiscal general, Johel Zelaya, el pasado 30 de octubre. Zelaya presentó supuestas grabaciones de conversaciones telefónicas entre una consejera del CNE, un diputado y un empresario, interpretándolas como evidencia de irregularidades en el manejo de fondos electorales. Sin embargo, organizaciones civiles y exautoridades electorales han calificado estos audios como "pruebas no validadas" y una forma de "criminalización selectiva", según un documento conjunto presentado el 3 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando su intervención inmediata.
El diputado liberal Marlon Lara, en declaraciones a Proceso Digital el 31 de julio, fue más directo: "El Ministerio Público no ha actuado en forma correcta al intervenir el CNE, ya que este órgano tiene total autonomía". Lara argumentó que tales acciones han "atemorizado" a las consejeras, complicando el avance del cronograma electoral y generando un clima de desconfianza que podría derivar en denuncias de fraude, como las que marcaron las elecciones de 2017.
En redes sociales, la controversia ha estallado. El medio Confidencial Honduras tuiteó esta madrugada: "La Misión de la OEA advierte que acciones del Ministerio Público ponen en riesgo la autonomía electoral en Honduras", acumulando cientos de interacciones en horas. Usuarios como @NMoskitiahn y @chtvhn han replicado el comunicado de la OEA, mientras que activistas como @SharySirey claman por una "observación urgente de la OEA, la ONU y la comunidad internacional" ante lo que describen como "intromisión del MP y uso de herramientas digitales falsas".
Voces de la Sociedad Civil y Exautoridades: "La Democracia Exige Independencia"
La sociedad civil no se ha quedado atrás. El 4 de noviembre, un grupo de exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exconsejeros del CNE emitió un pronunciamiento conjunto rechazando los "ataques contra los órganos electorales". "La democracia hondureña exige la existencia de autoridades electorales independientes y libres de presiones políticas o judiciales", afirmaron, en contraposición a las recomendaciones de la OEA y otras misiones internacionales. Este grupo, que incluye figuras como Cossette López –quien recientemente denunció "amedrentamientos y amenazas" en una entrevista con TSiHonduras–, advierte que el colapso del sistema podría repetirse si no se frena la "utilización de la institucionalidad para violentar la democracia".
Empresarios y observadores independientes han sumado sus voces. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) reiteró el 1 de noviembre su llamado a "respetar la independencia de los entes electorales", mientras que EL PAÍS América, en un análisis del 16 de agosto, describió la situación como una "persecución penal de miembros del consejo y líderes opositores" que agrava la inequidad en la contienda.
Desde el oficialismo, el silencio ha sido ensordecedor. Ni el gobierno de Xiomara Castro ni el MP han respondido directamente al comunicado de la OEA hasta el momento de esta nota. Sin embargo, el fiscal Zelaya defendió la difusión de los audios como un "deber de transparencia", aunque sin presentar validaciones judiciales, lo que ha alimentado las críticas de sesgo político.
Implicaciones para las Elecciones del 30 de Noviembre
Honduras se acerca a la recta final de un proceso electoral ya marcado por denuncias de fraude y desconfianza, como reportó La Prensa el 1 de noviembre. La OEA, que desplegó su misión avanzada en octubre, ha reiterado en múltiples informes –incluyendo uno del 31 de octubre– la necesidad de elecciones "en paz y tranquilidad", con pleno respeto a las normativas y sin interferencias. Las divergencias internas en el CNE, que el organismo califica de "pluralismo sano" cuando se manejan con respeto, se han tornado tóxicas bajo la sombra de investigaciones penales.
Expertos electorales consultados por HCH.TV estiman que, si no se cesan estas acciones, el riesgo de impugnaciones postelectorales podría escalar, similar a lo ocurrido en 2021. La misión de la OEA, con observadores en todo el país, promete un informe final exhaustivo, pero su llamado actual es un grito de alerta: la autonomía del CNE no es negociable si se quiere restaurar la fe en la democracia.
Mientras Tegucigalpa bulle con protestas incipientes y campañas en pausa, la pelota está en la cancha de las instituciones. ¿Responderá el Estado hondureño con garantías concretas, o esta crisis preanunciará un nuevo capítulo de turbulencia electoral? La respuesta definirá no solo el 30 de noviembre, sino el futuro de la alternancia en el poder en el país centroamericano.