La iniciativa de ley busca adoptar las estrategias de control territorial, régimen de excepción y construcción de mega penales implementadas en El Salvador para frenar el accionar de las maras y pandillas en el país.
TEGUCIGALPA – En una iniciativa que promete encender un intenso debate político y constitucional en el Poder Legislativo, el diputado del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, presentó formalmente una propuesta de decreto denominada “Ley Nayib Bukele”. El proyecto de ley tiene como objetivo central replicar e institucionalizar en Honduras las drásticas y cuestionadas estrategias de seguridad pública que el gobierno de El Salvador ha implementado para desarticular a las pandillas.
La propuesta surge en un momento donde diversos sectores de la sociedad civil, transportistas y microempresarios hondureños exigen medidas más severas frente a delitos de alto impacto como la extorsión y el sicariato, los cuales continúan afectando la economía de las principales ciudades del país.
Los pilares de la propuesta inspirada en El Salvador
El proyecto de ley presentado por el parlamentario Fajardo contempla la adopción de herramientas legales, judiciales y operativas de carácter extraordinario. La iniciativa busca modificar el abordaje tradicional de la criminalidad, apostando por una política de mano dura concentrada en tres ejes fundamentales:
Régimen de excepción focalizado: Habilitar la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales en barrios y colonias controladas por estructuras criminales, facilitando capturas masivas sin orden judicial previa de personas vinculadas a maras.
Reforma penal y endurecimiento de penas: Catalogar la sola pertenencia a agrupaciones ilícitas como un delito de alta traición a la patria, elevando las penas de cárcel y eliminando cualquier tipo de beneficio carcelario para los miembros de pandillas.
Infraestructura de máxima seguridad: Planificar la construcción de centros de confinamiento del terrorismo a gran escala (mega penales), aislados de los centros urbanos, para recluir de forma permanente a los cabecillas y miembros activos del crimen organizado.
El debate entre la eficacia operativa y la seguridad jurídica
La introducción de la “Ley Nayib Bukele” en la cámara legislativa divide opiniones de forma inmediata entre las bancadas y los juristas locales. Por un lado, los simpatizantes de la medida argumentan que la delincuencia extraordinaria requiere de soluciones extraordinarias y que el éxito estadístico en la reducción de homicidios del país vecino es un referente ineludible.
Por otro lado, defensores de los derechos humanos y analistas constitucionales advierten que la implementación literal de este modelo socavaría las bases del debido proceso. Señalan que un debilitamiento de las garantías procesales afectaría directamente la seguridad jurídica del país, un pilar indispensable que la administración del presidente Nasry Asfura busca proteger para mantener la confianza de los mercados internacionales y asegurar un clima de inversión predecible y transparente en este mayo de 2026.
"Honduras no puede seguir aplicando las mismas recetas tibias contra monstruos que asfixian a nuestro pueblo. El modelo del presidente Bukele ha demostrado con resultados que se puede pacificar una nación, y esta ley busca darle los dientes legales necesarios a nuestras Fuerzas Armadas y Policía para limpiar las calles de maras", defendió el diputado Fajardo al momento de socializar el espíritu de su proyecto.
Trámite correspondiente
Tras su introducción en el pleno del Congreso Nacional, la junta directiva ordenó turnar la iniciativa a una comisión especial de dictamen, la cual estará encargada de evaluar la viabilidad constitucional de la propuesta y consultar con los operadores de justicia (Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público) antes de que el proyecto pueda ser sometido a su primer debate.