Salvador Nasralla elevó su discurso contra el proceso electoral hondureño al exigir que se revisen “voto por voto” más de 14.000 urnas que, según él, presentan irregularidades y forman parte de un “fraude monumental”. El candidato presidencial del Partido Liberal advierte que, si no se revisan las actas impugnadas, “Honduras y el mundo” entenderán que quienes deciden las elecciones no son los ciudadanos, sino el crimen organizado que —asegura— gobernó el país entre 2010 y 2022.
Denuncia de fraude y pedido de recuento total
Nasralla sostiene que su equipo tiene en su poder las copias físicas de las actas y que estas le darían la victoria frente al nacionalista Nasry “Tito” Asfura, quien encabeza el conteo oficial por un estrecho margen con más del 99% de las actas procesadas. En ese marco, reclama la revisión de unas 14.000 urnas, de las cuales alrededor de 2.700 forman parte del escrutinio especial previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de “manosear” tanto el sistema informático como las etapas de verificación.
El aspirante liberal argumenta que existen “errores graves” e inconsistencias en miles de actas, sobre todo en aquellas procedentes de zonas donde él asegura tener clara mayoría, y denuncia caídas del sistema de transmisión de resultados que habrían impedido subir datos favorables a su candidatura. Por ello insiste en que únicamente un recuento voto por voto en las urnas reclamadas podría devolver credibilidad al proceso y disipar las sospechas de manipulación.
Acusaciones contra el CNE y vínculo con el crimen organizado
En sus pronunciamientos más recientes, Nasralla vincula directamente las supuestas irregularidades con redes de crimen organizado que —a su juicio— buscan perpetuar su influencia mediante la llegada al poder de Asfura, respaldado abiertamente por el presidente estadounidense Donald Trump. El candidato afirma que la manipulación del sistema TREP y del escrutinio especial responde a los intereses de grupos que gobernaron entre 2010 y 2022, etapa asociada con graves acusaciones de corrupción y narcotráfico en la élite política.
El CNE, por su parte, mantiene que el conteo avanza conforme a la ley, reconoce fallas técnicas en la transmisión preliminar de resultados pero niega la existencia de un fraude organizado, y pide a todos los actores políticos que permitan concluir el escrutinio especial antes de adelantar juicios definitivos. Misiones de observación han expresado preocupación por las interrupciones del sistema y por el clima de polarización, aunque hasta ahora no han presentado pruebas concluyentes que sustenten un fraude masivo del tipo que describe Nasralla.
Escenario político tras las denuncias
Las acusaciones del líder liberal alimentan un ambiente poselectoral altamente tenso, en el que tanto el oficialismo como la oposición hablan de “golpe electoral” o “robo de elecciones”, según su posición frente a los resultados preliminares. Nasralla ha insinuado la posibilidad de movilizaciones en las calles para “defender el voto” si el CNE no accede al recuento que exige, mientras sus adversarios lo acusan de desconocer las reglas del juego cuando los números no le favorecen.
En este contexto, la forma en que se gestione el escrutinio especial y las impugnaciones será clave para definir la legitimidad del próximo gobierno. Un recuento acotado pero transparente podría atenuar las tensiones, mientras que una negativa tajante a revisar las actas reclamadas, sin explicaciones claras, corre el riesgo de consolidar en amplios sectores la idea de que la voluntad popular fue sustituida por arreglos entre élites políticas y poderes criminales.