Miembros acreditados del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) están bloqueando el arranque del escrutinio especial en Honduras al negarse a participar en las mesas, en medio de una tensa disputa postelectoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) los señala de cometer actos ilícitos dentro de los recintos y de usar sus credenciales para presionar al organismo, lo que, según sus autoridades, podría configurar delitos electorales y hasta sedición a la luz del Código Penal.
Acusaciones de sabotaje en el CNE
La consejera del CNE Cossette López denunció que representantes de Libre y del Partido Liberal, acreditados en las JEVR, se han negado sistemáticamente a instalarse en las mesas y a firmar documentación clave, paralizando el escrutinio especial destinado a revisar actas observadas de las elecciones generales del 30 de noviembre. López afirmó que, lejos de cumplir su función como órganos electorales, algunos delegados han provocado disturbios, agredido a personal y obstaculizado el ingreso de funcionarios y observadores, con varios reportes de personas heridas dentro de las instalaciones.
Según el CNE, esta conducta constituye “presiones ilícitas” para forzar recuentos totales o procedimientos no contemplados en la normativa, y vulnera tanto la Ley Electoral como el cronograma establecido para la declaratoria oficial de resultados. Las autoridades electorales insisten en que el órgano está listo técnica y legalmente para procesar ya los paquetes que cumplen los requisitos de ley, y responsabilizan directamente a las dirigencias partidarias por el uso abusivo de las credenciales de sus representantes.
Contexto legal: sedición y delitos electorales
En sus declaraciones, López advirtió que las acciones de los delegados podrían encuadrar en tipos penales relacionados con la sedición, al tratarse de grupos organizados que, mediante violencia o amenazas, buscan impedir el ejercicio legítimo de funciones públicas y la ejecución de resoluciones de la autoridad electoral. Recordó que el Código Penal hondureño establece penas de prisión y de inhabilitación especial para quienes se alcen para impedir la aplicación de leyes o resoluciones, así como para funcionarios o representantes que, en lugar de cumplir su mandato, promuevan actos que bloqueen el funcionamiento institucional.
Además, las autoridades mencionan posibles delitos electorales vinculados a la obstaculización del escrutinio, la manipulación de credenciales y la alteración del orden en los centros de cómputo, lo que podría derivar en investigaciones penales y sanciones ejemplarizantes. El CNE ha instado al Ministerio Público a documentar los hechos registrados en video y en actas internas para determinar responsabilidades individuales y partidarias.
Reclamos de la oposición y ambiente de desconfianza
Tanto Libre como el Partido Liberal han denunciado desde días atrás que el escrutinio especial estaría “arreglado”, exigiendo recuento voto por voto de las actas transmitidas y alertando de supuestas manipulaciones del sistema de cómputo bajo influencia del Partido Nacional. El presidenciable liberal Salvador Nasralla ha pedido públicamente la nulidad de determinadas elecciones municipales y una revisión total de actas presidenciales, incluso dejando entrever la posibilidad de movilizaciones masivas para “defender el triunfo” que asegura les han arrebatado.
Estas acusaciones han alimentado un clima de desconfianza hacia el CNE, cuya credibilidad ya venía resentida por crisis internas, renuncias y pugnas previas sobre la contratación del sistema de transmisión de resultados. Sin embargo, el organismo electoral sostiene que cualquier recuento adicional debe hacerse dentro de los procedimientos contemplados por la ley y no a través de presiones o boicots de quienes forman parte de las JEVR.
Riesgo para el cronograma electoral
La paralización de los escrutinios especiales amenaza con retrasar la declaratoria oficial de los resultados presidenciales y legislativos, clave para la transición política en Honduras. De acuerdo con el calendario electoral, el CNE tenía previsto concluir el conteo de actas cuestionadas en los próximos días, pero la ausencia y negativa de los representantes de Libre y del Partido Liberal ha frenado la apertura de paquetes electorales y la validación de votos.
Si el bloqueo se prolonga, expertos advierten que podría profundizar la crisis de legitimidad del proceso, alimentar nuevas protestas callejeras y poner en duda la estabilidad institucional del país. Ante ese escenario, el CNE insiste en que la responsabilidad recae en los partidos que, en lugar de garantizar la transparencia desde adentro de las JEVR, han convertido su presencia en un instrumento de presión política, dejando en suspenso la voluntad expresada en las urnas.