La versión que circula sobre la actuación del regidor Carleton Dávila describe un episodio delicado dentro de la ya tensa jornada electoral en su municipio. Según estos trascendidos, Dávila habría llegado en horas de la mañana al Consejo Local Electoral (CLE) y, una vez dentro, procedido a entregar de manera discrecional credenciales a militantes del partido Libertad y Refundación (LIBRE), supuestamente siguiendo instrucciones del coordinador general de esa fuerza política y expresidente, Manuel Zelaya.
Entrega discrecional de credenciales
De acuerdo con los relatos difundidos por actores locales, las credenciales no se habrían distribuido siguiendo el procedimiento ordinario de los órganos electorales, sino directamente desde el despacho del regidor, lo que alimenta sospechas de un posible uso partidista de un mecanismo destinado a garantizar pluralidad y equilibrio en las mesas. La discrecionalidad en la selección de beneficiarios —militantes identificados con LIBRE— abre la puerta a cuestionamientos sobre un eventual intento de reforzar la presencia de ese partido en los centros de votación más disputados.
En el marco de la normativa electoral, las credenciales para integrar órganos de votación y vigilancia deben ser entregadas bajo criterios transparentes y con registro oficial, a fin de que cada fuerza política tenga la representación que le corresponde y de que el órgano electoral local pueda verificar quién ejerce funciones en cada mesa. Si esa cadena de custodia se rompe, aunque sea a nivel municipal, se genera un riesgo de impugnaciones posteriores, porque cualquier resultado puede ser cuestionado por supuesta alteración de la integración legal de los organismos electorales.
Rol de Manuel Zelaya y repercusiones políticas
La parte más sensible de estos señalamientos es la mención a Manuel Zelaya como supuesto instigador de la maniobra. La sola idea de que el coordinador de LIBRE haya dado instrucciones directas para intervenir en la entrega de credenciales en un CLE refuerza la narrativa de sectores opositores que lo acusan de intervenir en la estructura electoral para favorecer a su partido. Aun si no se presentan pruebas concluyentes, el vínculo político entre Zelaya, LIBRE y el regidor Dávila hace que el episodio tenga un impacto simbólico considerable.
La polémica se inserta en un contexto nacional marcado por desconfianza hacia las instituciones electorales, denuncias cruzadas de fraude y acusaciones de injerencia del Ejecutivo y de actores extranjeros. En ese clima, cualquier indicio de manipulación de credenciales se magnifica, alimentando la percepción de que la competencia no se desarrolla en condiciones de igualdad. De confirmarse los hechos, la oposición podría usar este caso como ejemplo de “captura” de los órganos locales por parte de una fuerza política dominante.
Posibles consecuencias legales y electorales
Si las denuncias avanzan, el caso podría derivar en investigaciones administrativas y penales por parte de los órganos competentes. A nivel administrativo, se puede revisar la validez de las credenciales emitidas fuera de los cauces regulares y, en casos extremos, anular mesas donde se compruebe que actuaron personas no acreditadas conforme a la ley. A nivel penal, la entrega irregular de credenciales podría encuadrarse en figuras como abuso de autoridad, falsedad o delitos electorales específicos, dependiendo de cómo esté redactado el código aplicable.
En el terreno estrictamente electoral, la controversia podría usarse como argumento para impugnar resultados cercanos en el municipio o incluso para solicitar recuentos especiales si se demuestra que el control de mesas se inclinó artificialmente hacia un solo partido. Más allá de lo jurídico, el episodio profundiza la crisis de confianza ciudadana: en la medida en que los votantes perciben que las reglas del juego se tuercen desde adentro, aumenta el desencanto con el proceso democrático y se debilita la legitimidad de las autoridades que resulten electas.