Una jueza federal bloqueó temporalmente la construcción del centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz” de Florida porque el estado no realizó antes un estudio medioambiental.
El estado debe suspender la instalación de más relleno, alumbrado, pavimentación, vallado u otras infraestructuras durante 14 días, dictaminó el jueves la jueza Kathleen M. Williams.
Mientras tanto, se celebrará una audiencia en un caso presentado por ecologistas contra la construcción del centro por temor a que cause graves daños a los humedales circundantes y a especies en peligro de extinción.
De acuerdo con la legislación federal, las agencias federales deberían haber examinado cómo afectaría la construcción de la instalación al medio ambiente y haber identificado formas de minimizar el impacto, según los grupos ecologistas y la tribu miccosukee, que demandaron a las autoridades federales y estatales.
El centro de detención, que actualmente alberga a inmigrantes, se encuentra en medio de la reserva de los Everglades, lo que formaba parte del atractivo para la administración de Trump.
“La única salida es un vuelo de ida. Está aislado y rodeado de una fauna peligrosa y un terreno implacable”, declaró a finales de junio la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Durante la suspensión de obras, el centro puede seguir funcionando y albergando detenidos.
Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó a Williams de “jueza activista” tras el fallo.
“Alligator Alcatraz seguirá operando y continuará sirviendo como multiplicador de fuerza para mejorar los esfuerzos de deportación”, aseguró a Al New York Times.
The Independent se puso en contacto con la oficina de DeSantis en busca de comentarios.
DeSantis estuvo detrás de “Alligator Alcatraz”, y apoya los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump.
A finales de junio, DeSantis sostuvo ante los periodistas que la instalación tiene no tiene “ningún impacto” en los Everglades, según NBC6 South Florida.
Paul J. Schwiep, abogado principal de los demandantes, declaró a The NYT acerca de la orden del juez: “Se trata de una suspensión temporal pero adecuada en cualquier nueva destrucción de una zona sensible, para permitir a las partes presentar sus pruebas y argumentos sobre la solicitud de medida cautelar”.