El 25 de agosto de 2025, la Primera Sala de Apelaciones Penales de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena a 28 años y tres meses de prisión para cuatro de los cinco acusados del asesinato, ocurrido el 1 de septiembre de 2014, de los líderes indígenas asháninka Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, de la comunidad Alto Tamaya-Saweto en Ucayali, Perú. Esta sentencia, dictada en Pucallpa, confirmó una decisión previa del 11 de abril de 2024, a pesar de las apelaciones de la fiscalía, los familiares de las víctimas y la defensa. El caso, conocido como el Caso Saweto, se considera un hito en el Perú por abordar el asesinato de defensores ambientales indígenas y pone de relieve los persistentes desafíos de la impunidad, la tala ilegal y la violencia en la Amazonía. Detalles Clave de la Sentencia. Condenados: Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, empresarios madereros, fueron declarados culpables como autores intelectuales (mediatos) del crimen, habiendo ordenado los asesinatos.
Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, hermanos y taladores ilegales, fueron condenados como coautores materiales (coautores) de los asesinatos.
Eurico Mapes Gómez, talador brasileño, no fue incluido en la sentencia, ya que permanece prófugo y fue declarado en rebeldía (reo contumaz) por no comparecer a las audiencias. Se han renovado las órdenes de captura en su contra.
Delito: Los asesinatos fueron clasificados como homicidio calificado con alevosía (homicidio agravado con premeditación), lo que refleja la naturaleza deliberada y brutal del ataque. Los líderes fueron emboscados, torturados y asesinados mientras se dirigían a una reunión en Brasil.
Reparación: El tribunal aumentó la reparación civil de 50.000 soles (aproximadamente 13.400 dólares estadounidenses) a 100.000 soles (aproximadamente 28.000 dólares estadounidenses) por familia, totalizando 400.000 soles para las familias de las cuatro víctimas. Este ajuste atendió parcialmente las demandas de las familias, aunque la fiscalía había solicitado 250.000 soles por familia.
Apelaciones: La fiscalía solicitó una pena más severa de 35 años, argumentando que la gravedad del delito la justificaba, mientras que la defensa apeló la absolución o la reducción de la pena. El tribunal rechazó ambas solicitudes, confirmando la sentencia original.
Los asesinatos y el contexto. El 1 de septiembre de 2014, los cuatro líderes asháninkas fueron emboscados cerca del arroyo Putaya mientras viajaban desde su comunidad en Alto Tamaya-Saweto, Ucayali, a Apiwtxa, Brasil, para una reunión con otros líderes indígenas para elaborar estrategias contra la tala ilegal. El grupo fue interceptado, torturado y asesinado a tiros y machetazos. Los cuerpos de Chota y Quintisima fueron encontrados días después, mutilados y parcialmente devorados por buitres, mientras que los de Ríos y Pinedo nunca fueron recuperados. El ataque fue una represalia directa por sus persistentes denuncias de tala ilegal en su territorio.
Rol de Edwin Chota: Chota era un líder destacado que, desde 2008, había denunciado actividades de tala ilegal por parte de individuos como Eurico Mapes Gómez y los hermanos Atachi ante las autoridades de Pucallpa y Lima. Sus esfuerzos condujeron a la incautación de madera ilegal, incluyendo un cargamento con un valor superior a los 37.000 dólares perteneciente a Hugo Soria, lo que provocó amenazas de muerte. Chota también abogó por la titulación de 78.129 hectáreas de la tierra ancestral de Saweto, objetivo alcanzado en julio de 2015, póstumamente.
Amenazas e inacción: Los líderes enfrentaron reiteradas amenazas de las mafias madereras. Chota solicitó garantías de seguridad personal al gobierno regional de Ucayali en 2013, pero no se tomaron medidas. La falta de protección estatal dejó a la comunidad en situación de vulnerabilidad.
Testimonio: Un testigo protegido aportó pruebas cruciales, relatando una conversación en un bar de Putaya el 30 de agosto de 2014, donde José Estrada presuntamente ofreció un pago por la muerte de los líderes, diciendo: "Si me traen sus cabezas en bandeja de plata, les pago". Hugo Soria supuestamente expresó su frustración por la madera incautada, y Mapes y los hermanos Atachi accedieron a ejecutar el plan. El testigo confirmó posteriormente que los asesinos se jactaron de los asesinatos el 2 de septiembre de 2014.
Impacto en la comunidad: Los asesinatos dejaron 17 huérfanos y afectaron profundamente a la comunidad de Alto Tamaya-Saweto. Las viudas de las víctimas —Julia Pérez (Chota), Ergilia Rengifo (Ríos), Lita Rojas (Quintisima) y la fallecida Adelina Vargas (Pinedo)— han enfrentado constantes amenazas de los madereros y sus familias, lo que ha obligado a muchas a trasladarse a Pucallpa por seguridad. Lita Rojas, la única viuda que queda en Saweto, viajó tres días por río para asistir a la sentencia. La comunidad sigue exigiendo un puesto policial para protegerse de las constantes amenazas de los madereros ilegales y grupos emergentes como los cocaleros y los narcotraficantes.
Transición de liderazgo: Tras la muerte de Chota, Ergilia Rengifo se convirtió en la líder de la comunidad, seguida por su hermana Karen Shawiri y posteriormente por Lita Rojas, lo que refleja la resiliencia de las mujeres de Saweto en su lucha por la justicia y los derechos territoriales.
Amenazas persistentes: Las viudas y