Ante el Ministerio Público (Fiscalía), Ochoa acusó al llamado bipartidismo -encarnado por nacionalistas y liberales- por los delitos de prevaricato administrativo y usurpación de funciones, a raíz de la publicación de una enmienda a los pliegos del sistema de transmisión de resultados preliminares.
En una comparecencia, el consejero del CNE por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), alertó que el bipartidismo, en alusión a las agrupaciones derechistas Nacional (PN) y Liberal (PL), pretende repetir mecanismos fraudulentos usados en las generales de 2013 y 2017.
Denunció que, sin convocatoria al pleno de consejeros, sus dos colegas Cossette López, del PN, y Ana Hall, del PL, aprobaron este lunes una enmienda al sistema más sensible de los comicios, en alusión a la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).
López y Hall han aprobado, de manera ilegal, “un flujo para la publicación de los resultados (TREP) con intromisión humana no prevista” en la ley electoral, remarcó el funcionario, sobre el mecanismo concebido por las dos consejeras para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
“Insisten en la intromisión humana para manipular resultados preliminares que, por ley, deben anunciarse tres horas después del cierre de la votación”, advirtió.
Ochoa explicó que propuso una enmienda para eliminar esta práctica irregular y ajustarse a la legislación, y señaló que “ningún artículo faculta al CNE para modificar los resultados enviados por las juntas receptoras de votos (JRV)”.
Sin embargo, reprochó que las consejeras representantes del PN y el PL ante el CNE se oponen a esta reforma y optan por mantener un modelo diseñado para alterar los resultados enviados por las JRV, enfatizó.
La imposición del nuevo TREP permitiría que militantes de los partidos tradicionales (Nacional y Liberal) decidan, frente a una computadora en Tegucigalpa, qué actas se publican y cuáles no, avisó.
El consejero de Libre acentuó que esa etapa no está contemplada en la Ley Electoral de Honduras y constituye una intromisión ilegal, que vulnera, dijo, el principio de soberanía popular.
“En ninguna parte de la ley se establece que un nacionalista y un liberal, sin ser funcionarios públicos ni miembros del CNE, puedan decidir si un acta se publica o no. Ese diseño, y lo digo con firmeza, está concebido para ejecutar un fraude, como los ocurridos en 2013 y 2017”, sentenció.