Honduras enfrenta una crisis política y religiosa profundamente arraigada, exacerbada por eventos históricos, dinámicas de poder y tensiones ideológicas. Las declaraciones del canciller Enrique Reina y del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reflejan las complejidades de esta situación, donde la relación entre religión y política, la corrupción, el narcotráfico y las disputas electorales han moldeado el panorama actual. A continuación, se presenta un análisis detallado, integrando el contexto proporcionado por Reina, las promesas y posturas de Nasralla, y las dinámicas actuales basadas en información reciente.
1. Contexto histórico y político: La crisis desde 2009
El canciller Enrique Reina identifica el golpe de Estado de 2009 como un punto de inflexión en la crisis política de Honduras. Este evento, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, tuvo un carácter transnacional e ilícito, según Reina, y fue condenado por la comunidad internacional. El golpe marcó el inicio de una serie de gobiernos que, según críticos, consolidaron un "narco-Estado" caracterizado por la corrupción y la manipulación electoral. Reina destaca tres elementos clave:
Golpe de Estado de 2009: Este evento no solo destituyó a Zelaya, sino que también fracturó la confianza en las instituciones democráticas. La comunidad internacional, incluida la OEA, lo condenó, pero las consecuencias internas incluyeron la polarización política y el fortalecimiento de elites vinculadas al crimen organizado.
Narco-Estado y corrupción: Desde el golpe, Honduras ha enfrentado acusaciones de vínculos entre el poder político y el narcotráfico, particularmente durante los gobiernos del Partido Nacional bajo Juan Orlando Hernández (2014-2022). Documentos desclasificados en 2023 por fiscales de Nueva York confirmaron que Hernández utilizó fondos del narcotráfico para manipular elecciones en 2013 y 2017, consolidando un sistema corrupto.
Fraudes electorales: La manipulación del sistema electoral, incluyendo el cierre de sistemas informáticos y el soborno de funcionarios, ha sido una constante en las elecciones de 2013 y 2017, según denuncias de Salvador Nasralla y otros actores. Esto ha generado desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el proceso democrático
