La mayoría conservadora de la Corte Suprema ha limitado la capacidad de los tribunales federales para emitir interdicciones de alcance nacional, una herramienta clave utilizada en el pasado para frenar iniciativas centrales del presidente Donald Trump.
En un fallo emitido este viernes, con una votación de 6 a 3 y opinión redactada por la jueza Amy Coney Barrett (nombrada por Trump), la Corte determinó que los jueces federales excedieron su autoridad al bloquear una orden ejecutiva que redefine unilateralmente los criterios de ciudadanía. Según el texto del fallo, las medidas cautelares a nivel nacional “exceden la autoridad equitativa que el Congreso otorgó a los tribunales federales”.
La decisión permite la posible aplicación parcial de la orden ejecutiva de Trump, lo que, según expertos legales, podría afectar los derechos constitucionales de miles de niños nacidos en Estados Unidos. No obstante, la Corte mantendrá suspendida la medida durante 30 días, período en el cual los tribunales inferiores podrán reconsiderar el alcance de sus interdicciones y los demandantes tendrán la oportunidad de presentar nuevos desafíos judiciales.
Sin embargo, el fallo no resuelve de forma definitiva los desafíos legales vinculados a la ciudadanía por nacimiento. Varios tribunales federales ya habían rechazado el intento del presidente Donald Trump de negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio estadounidense de ciertos padres inmigrantes. El gobierno sostuvo que esos fallos judiciales deberían aplicarse únicamente en los estados involucrados en las demandas y solo a los hijos aún no nacidos de madres embarazadas en esas jurisdicciones, sin extenderse a nivel nacional.
Grupos opositores advirtieron que esta postura podría abrir una vía indirecta para restringir derechos constitucionales a determinados ciudadanos. En una disidencia contundente, la jueza Sonia Sotomayor describió la decisión de la Corte como “una burla al Estado de derecho”.
Permitir que el presidente redefina de forma unilateral quién puede ser ciudadano estadounidense, pero solo en determinados estados donde se aplique una reinterpretación de la 14.ª Enmienda, daría lugar a un sistema fragmentado de derechos constitucionales y beneficios de ciudadanía, incluido el derecho al voto.
De acuerdo con los demandantes, más de 150.000 recién nacidos podrían quedar excluidos de la ciudadanía cada año bajo la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump.
“La realidad es esta: el fallo de hoy permite que el Poder Ejecutivo niegue derechos que los Fundadores dejaron claramente escritos en nuestra Constitución, siempre que esas personas no hayan conseguido un abogado o no hayan solicitado a un tribunal, de cierta manera específica, que proteja sus derechos”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson en su voto disidente.
La decisión de la Corte otorgó a Trump la “prerrogativa de, en ocasiones, ignorar la ley”, según advierten sus críticos, y abre la puerta a “poner en grave peligro tanto nuestro sistema legal como nuestro sistema de gobierno”.
En enero, más de 20 estados, junto con organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes y mujeres embarazadas, presentaron una demanda para bloquear la orden ejecutiva impulsada por el presidente.
Tres jueces federales y tribunales de apelación determinaron que la orden ejecutiva del presidente Trump vulnera la Constitución y suspendieron su aplicación a nivel nacional mientras continúan los litigios. Durante las audiencias orales, los jueces liberales de la Corte Suprema expresaron sorpresa y preocupación, al considerar que la medida presidencial podría ser “ilegal”.
Sin embargo, el gobierno no centró su defensa en justificar si el presidente posee autoridad para reinterpretar la 14.ª Enmienda, sino en impugnar un obstáculo clave para su agenda: la facultad de los jueces federales para emitir interdicciones de alcance nacional.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que restrinja el poder de los tribunales federales para bloquear normativas ejecutivas en todo el país, una herramienta que, según argumentó, ha puesto en riesgo una parte sustancial de su programa político, basado en gran medida en órdenes ejecutivas en lugar de legislación aprobada por el Congreso.
En distintos tribunales del país, los demandantes recurrieron a órdenes judiciales temporales como una herramienta clave para ejercer control y equilibrio frente a un gobierno que, según sus críticos, ha sostenido un ataque constante contra el Estado de derecho.
De acuerdo con la Harvard Law Review, más de la mitad de las interdicciones emitidas en los últimos 70 años se dirigieron contra el gobierno de Donald Trump, mientras esta empujaba los límites del poder presidencial.
Durante su primer mandato, la gestión de Trump enfrentó 64 interdicciones, en contraste con las 14 dictadas contra el gobierno de Joe Biden y las 12 que recibió Barack Obama.